Miles de personas marchaban ayer hacia el Congreso dominicano para exigir cárcel para los involucrados en los sobornos millonarios de la empresa brasileña Odebrecht y pedir que la compañía deje de operar en el país.
Los manifestantes se congregaron por la mañana en un céntrico crucero de la capital, desde donde comenzaron a caminar hacia la sede del poder legislativo. Vestidos con camisetas y gorras verdes en señal de esperanza, los manifestantes portaban pancartas en las que se leía “cárcel a los corruptos”.
El movimiento, denominado Marcha Verde, surgió en enero, convocado por grupos de la sociedad civil, para exigir una investigación independiente sobre los sobornos millonarios de Odebrecht y procesos judiciales en contra de los involucrados.
La compañía brasileña confesó, según una investigación difundida por el Departamento de Justicia estadounidense, que entre 2001 y 2014 pagó sobornos por 788 millones de dólares en 10 países de América Latina y 2 de África para conseguir contratos con los gobiernos locales.
En el caso de República Dominicana, Odebrecht consiguió 17 contratos con el Gobierno y para ello pagó 92 millones de dólares en coimas. La compañía aún trabaja en la construcción de la obra insignia de la presente administración: la planta termoeléctrica de Punta Catalina, que costará más de 2 mil millones de dólares.
El procurador general dominicano, Jean Alain Rodríguez, llegó a un acuerdo con Odebrecht, mediante el cual renunció a procesar a los ejecutivos de la compañía y le permite seguir sus operaciones en el país a cambio de pagar una multa de 184 millones de dólares e información para procesar a los funcionarios locales que recibieron sobornos.
Con la información otorgada por Odebrecht, la Procuraduría sometió a la justicia al ministro de Industria y Comercio Temístocles Montás, tres legisladores, un empresario y otros nueve exfuncionarios. Solo dos de ellos permanecen en prisión preventiva.