La empresa Dominion Minerals, de Estados Unidos, reclama a Panamá una indemnización de $268.3 millones, alegando que el gobierno pasado no renovó su concesión, debido a que se negó a pagar sobornos por esta, lo que motivó la decisión en su contra.
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Una solicitud de arbitraje contra el Estado fue presentada este martes por la empresa Dominion Minerals ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, con sede en Washington D.C., Estados Unidos (EU).
Amparada en el tratado de protección a la inversión –firmado en 2000 por EU y Panamá– la minera reclama el pago de $268.3 millones por daños económicos, debido a que la administración del entonces presidente Ricardo Martinelli canceló su proyecto.
La concesión, otorgada en 2006, estaba a nombre de Cuprum Resources –subsidiaria de Bellhaven Copper & Gold– a la que Dominion le compró el 100% del proyecto y permitía la exploración de oro y cobre en 24.3 hectáreas entre la provincia de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé, específicamente, el yacimiento de cerro Chorcha.
Según la solicitud de arbitraje, Cuprum solicitó en 2010 extender su concesión de exploración para la futura extracción y tras invertir en una millonaria campaña de exploración y anunciar el descubrimiento de cantidades comerciales de los minerales, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) canceló la concesión y declaró la zona “reserva minera”.
Según la petición de arbitraje, la empresa minera se resistió a “colaborar con los intentos del Gobierno panameño de obtener ganancias ilícitas de la concesión”. Es decir, la empresa asegura que se negó a pagar coimas a funcionarios panameños.
En diciembre de 2009, un fallo de la Corte Suprema de Justicia suspendió temporalmente el contrato, porque la concesión se traslapaba con la reserva forestal Fortuna, el bosque protector Palo Seco y la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, todas, áreas protegidas.
Tampoco contaba con un estudio de impacto ambiental. En ese entonces, el MICI indicó que la concesión no se renovó por incumplir los requisitos. Augusto Arosemena, actual titular del MICI, dijo que no han sido notificados del arbitraje.