Las Fiscalías de Descarga Anticorrupción han aprehendido unos $395 millones entre bienes inmuebles y cuentas bancarias entre 2015 y 2018, revela un informe del Ministerio Público (MP).
En un reporte al que tuvo acceso este medio, se destaca que entre los decomisos de dinero más importantes figuran $25.5 millones relativos al proceso por presunto blanqueo de capitales conocido como Blue Apple.
Le sigue la incautación de $20.6 millones ligados al caso Cobranzas del Istmo, y $5 millones vinculados a la investigación por peculado del fallido proyecto de riego de Tonosí.
El comiso más reciente, y que no está incluido en el informe oficial, se produjo la semana pasada, cuando las autoridades recuperaron unos $2.5 millones en el marco de la investigación por presunto blanqueo de capitales conocida como New Business.
Según el informe, en estos tres años se han tramitado 644 expedientes, de los cuales 12 corresponden a delitos contra el patrimonio económico, 421 a delitos contra el orden económico, 200 a delitos contra la administración pública y 11 a delitos contra la fe pública.
En el mismo período, el MP ha tramitado 86 casos de alto perfil, que en su mayoría están en el Órgano Judicial, a la espera de que se fije fecha de audiencia preliminar para la calificación del sumario.
De las audiencias realizadas hasta la fecha -siempre según el informe-, dos de los casos fueron fallados con sobreseimiento definitivo. Se trata de los procesos por la compra de bolsas navideñas a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), en donde el Juzgado Octavo Penal dictó un sobreseimiento definitivo para 7 personas, y el caso de presunto peculado por la construcción de la Ciudad Hospitalaria, en el que se dio un sobreseimiento definitivo para 7 exfuncionarios del pasado gobierno.
Mientras, en el proceso por la compra de mochilas escolares a través del PAN, se llamó a juicio a 3 personas y se dio un sobreseimiento definitivo a otras 16.
En estos tres casos las fiscalías anticorrupción anunciaron recursos de apelación ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia contra la decisión de primera instancia.
Para mañana, el Juzgado Décimo Cuarto tiene previsto efectuar la audiencia por presunto peculado en perjuicio de la Caja de Ahorros. En este expediente, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga solicitó juicio para 16 imputados y sobreseimiento para otros 6.
En este caso, en marzo de 2017 se presentó una recusacción contra la jueza decimotercera Alina Hubiedo, a quien originalmente correspondía tramitar el proceso.
La recusación fue acogida por la jueza decimocuarta, Vilma Urieta. Una vez el expediente quedó arraigado en este tribunal, la jueza Urieta liberó a todos los implicados en este proceso, utilizando como argumento que ya se había pagado el dinero malversado.
En razón de lo anterior, consideró que no había delito. Además, adujo que los exmiembros de la junta directiva de la Caja de Ahorros investigados no tenían el carácter de servidores públicos.
La fiscalía solicitó al juzgado que la audiencia de mañana se haga a puertas abiertas, pero hasta el pasado viernes no se había contestado dicha petición.