El Ministerio Público (MP) presentará a la Asamblea Nacional el próximo mes un paquete de ocho anteproyectos de ley que plantean reformas, la creación de nuevas leyes y aumento de penas.
Estos habían sido presentados a finales de septiembre de 2013, pero como el período legislativo finalizó, no fueron abordados por el pleno.
Se plantean ajustes a las leyes contra el crimen organizado, delitos cibernéticos y manejo y destrucción de evidencias.
También presentará una propuesta de reforma al Código Procesal Penal y al Código Judicial, en particular, al artículo 1965, que crea la figura del desestimiento en aquellos delitos en los que no haya habido violencia física.
A la ve, se pretende presentar iniciativas sobre extinción de dominio, delitos precedentes de lavado de activos, un programa judicial de tratamiento de drogas y por último un anteproyecto para reformar el Título XIII del Código Penal, referente a delitos ambientales.
Belfon mencionó que también adelantará un anteproyecto que tiene que ver con la Ley Orgánica del Ministerio Público que creará la carrera administrativa y el régimen disciplinario de los funcionarios.
Este proyecto implica una reestructuración y adecuación del sistema penal acusatorio para diferenciar el papel que juegan el fiscal y el juez; el fiscal se centra en la investigación y la persecución penal.
A la vez, hizo alusión al anteproyecto sobre delito ambiental, en el que se incluyen aspectos sobre la contaminación de ríos con químicos para cultivos.
“Hay una conciencia clara en el país por la contaminación de los ríos y se pretende que las normas que sancionan este tipo de conductas sean más enérgicas”, señaló.
El secretario de la Procuraduría General de la Nación, Ramsés Barrera, expresó que “los anteproyectos se basan en la persecución de los delitos, enjuiciamiento de los imputados y la prevención, con miras a tratar de aliviar la situación de hacinamiento penitenciario que existe en el país”.
Dijo que en materia de delitos cibernéticos se plantea el aumento de penas y la reserva y protección de la información de los ciudadanos contenida en bases de datos.