Las quejas no han cesado desde enero pasado, cuando comenzó a aplicarse la justicia comunitaria de paz, debido a la rapidez con la que irrumpió en las comunidades este nuevo modelo de justicia, así como por la falta de recurso financiero para su aplicación.
La situación ha llegado a tal punto, que son los propios jueces de paz los que solicitan ajustes en la Ley 16 de junio de 2016, que crea la justicia comunitaria.
En total, son 18 los municipios en los que actualmente está operando este sistema, en las provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste y Darién, así como en las comarcas indígenas Guna Yala, Emberá Wounaan, Madungandí y Wargandí. El resto del país deberá hacerlo a partir del próximo mes de julio.
Los vacíos
Gisselle Aguilera, jueza de paz del corregimiento de Betania, distrito de Panamá, advirtió que actualmente están trabajando solos y de manera limitada.
Por ejemplo, mencionó que enfrentan restricciones al momento de desempeñar su rol, pues se encuentran con una serie de procesos que no están del todo claros y que impiden que se haga justicia.
Uno de estos problemas es que hay dudas sobre si están o no facultados para ordenar un allanamiento de forma directa o si este procedimiento está sujeto al aval de una autoridad judicial.
Así mismo, plantean que si bien el propósito de la normativa es reconstruir las relaciones dentro de la comunidad cuando exista un problema entre residentes o vecinos, hay casos en que los delitos simples, como el hurto, están siendo repetitivos y la ciudadanía considera que no hay certeza del castigo.
Aguilera precisó que la ley solo les permite retener a una persona hasta por un máximo de 48 horas, y no por hasta 365 días, como se hacía cuando operaban los corregidores.
De hecho, considera que debe haber una corrección en este aspecto.
Más quejas
Por su lado, Alberto De la Guardia, juez de paz en el corregimiento de Ancón, dijo que durante los cuatro meses que lleva operando la justicia comunitaria, no hay una adecuada coordinación con otras entidades, como el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial.
“Las competencias no están del todo claras y a veces nos remiten casos que no nos corresponde atender. Además, no nos brindan el suficiente apoyo en el proceso de investigar los hechos”, comentó.
De la Guardia también insistió en el hecho de que los jueces de paz no cuentan con los suficientes recursos económicos para hacer las diligencias de citación o notificaciones, pues ni siquiera tienen un transporte para cumplir con eso.
También indicó que han solicitado una equiparación salarial, dado que el sueldo que devengan es de mil 500 dólares, cuando lo mínimo debería ser de 3 mil dólares.
“Tenemos mayores responsabilidades que las de un corregidor. Además, la misma Ley 16 nos impide ejercer cualquier otro tipo de actividad laboral mientras nos desempeñemos como jueces de paz”, precisó.
Ambos jueces de paz coincidieron en que urge que se hagan modificaciones a la norma, con el propósito de que su aplicación sea lo más expedita y clara posible.
Las evaluaciones
Carlos Lee, miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, uno de los organismos que ha impulsado esta iniciativa, indicó que las evaluaciones preliminares evidencian deficiencias.
El activista explicó que es importante que se impulse un proceso de sensibilización respecto a cómo funciona la justicia comunitaria, no solo para la población, sino también para las propias autoridades judiciales.
En tanto, Karen Palacios, subdirectora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Gobierno, subrayó que desde que entró en vigencia la norma se le ha dando seguimiento y se han detectado varios vacíos.
Comentó que se trata de un nuevo sistema de justicia y que por la magnitud del cambio conlleva dificultades, sobre todo en los primeros meses.
Palacios acotó que en la medida en que se vayan presentando los casos y los jueces de paz vayan utilizando las herramientas que les ofrece el sistema, podrán hacer las evaluaciones respecto a lo que funciona o no.
Sin embargo, argumentó que ya han sostenido encuentros con los jueces de paz y que conocen sus inquietudes. A raíz de esto, sostuvo que iniciaron un proceso de consulta, para determinar qué modificaciones deben hacerse.
Por último, la funcionaria estimó que el tiempo mínimo para este proceso de consultas debe ser de seis meses, de tal forma que se puedan sumar todas las recomendaciones y consolidar un documento en consenso que permita hacer los cambios a la norma.