Como un recurso “dilatorio” catalogó ayer el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Edgardo Molino Mola la solicitud de aclaración de sentencia que presentó la Asamblea Nacional contra el fallo que le permite a la Contraloría General de la República auditar la planilla 080.
La reacción del jurista surge luego de que la Asamblea Nacional divulgara un comunicado y reiterara que el fallo de la Corte que avala la auditoría a la polémica planilla “no se encuentra en firme ni está ejecutoriado”, puesto que el Legislativo presentó una solicitud de aclaración de sentencia, y que una vez la Corte atienda su “solicitud”, colaborarán con la Contraloría.
El exmagistrado argumentó, además, que cuando una autoridad emite un acto, si un tribunal no lo suspende, este debe cumplirse. “Al no ser suspendido el acto, tiene plena validez y debe ser cumplido por la Asamblea Nacional”, enfatizó.
La Corte, bajo la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, dio luz verde el pasado 18 de mayo para que la Contraloría continuara con esta auditoría, luego de fallar en contra del amparo de garantías constitucionales presentado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, en 2018.
Sin embargo, el pasado 13 de junio, cuando los auditores de la Contraloría intentaron retomar la fiscalización a las controversiales planillas en la Asamblea, les impidieron avanzar. Esta acción provocó que el contralor Federico Humbert enviara una carta el pasado viernes al presidente interino de la Corte, Hernán De León. En la nota, Humbert catalogó los hechos de “graves y anómalos”.
Esta queja de Humbert, a juicio de Molino Mola, da pie a la Corte para que le envíe una carta a la presidenta de la Asamblea, en la que le explique que como el acto no está suspendido, tiene valor.
“Lo que pasa es que hay gente que cuando tiene un cargo como la de diputado, cree que está por encima de la ley”, aseguró Molino Mola en entrevista con este medio.
La Contraloría ordenó la auditoría a la planilla 080, después de detectar una serie de irregularidades en el manejo de esos fondos públicos por parte de los diputados.
El contralor adelantó incluso que hay $59 millones sin auditar.