La Corte Suprema de Justicia no ha resuelto una demanda en contra del contrato de Traffic Safety, compañía que ganó una concesión por 10 años para instalar y operar un sistema de cámaras de vigilancia que mide el exceso de velocidad.
La demanda está por cumplir dos años desde que fue presentada por la Asociación Nacional de Arrendadores de Vehículos.
La Corte Suprema estaría pasando por alto su reglamento interno, que especifica que “al magistrado a quien se le haya adjudicado un negocio tendrá que sustanciarlo y presentar el proyecto de resolución correspondiente, en el término establecido por ley, o cuando la ley no lo fije, en el término de 30 días, contados a partir de su recibo”.
Traffic Safety es la empresa que, representada por Ricardo Chanis Correa, ganó una licitación para fijar multas mediante un sistema de vigilancia. Según los demandantes, con el cobro de las multas a favor de la empresa, el Estado cede parte de su patrimonio.
Un cuestionario de dos preguntas fue enviado ayer al correo electrónico personal de Chanis Correa, para saber su opinión sobre la demanda. Nunca contestó formalmente, y solo se pronunció vía Twitter a las 9:42 p.m. (al cierre de esta edición). Su mensaje fue: “No tengo opinión al respecto ni conocimiento de lo que pregunta, pues no tengo intereses ni ocupo cargo en tal empresa” (sic).