“Politización de la persecución penal, inexistencia de hechos ajusticiables que deba conocer un juez penal y que no existe responsabilidad para un secretario de un partido político por temas contables, a tenor de la legislación que regía en ese momento [2015]”.
Estos fueron los tres elementos que argumentó el abogado Juan Carlos Borrayo, en representación del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, al declarar ante la Comisión Pesquisidora del Congreso que debe recomendar al pleno si le retira o no la inmunidad para que sea investigado por autoridades judiciales por un posible financiamiento electoral ilícito.
Al iniciar su presentación, Borrayo aseguró que el antejuicio coincidió con rumores de la salida del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, y una posterior declaratoria de no grato, así como con la presentación de antejuicios por financiamiento ilícito presentados por la Cicig y el Ministerio Público contra los partidos UNE y Líder, y un día después, añadió, contra el Frente de Convergencia Nacional ( FCN-Nación).
“(...) Es necesario preguntarse qué motivó el antejuicio (...) Si se tenían todas las pruebas o se realizó coincidentemente cuando el más alto de los funcionarios, electo democráticamente, iba a ejercer un acto administrativo de política exterior, como una forma de presión mediática y política para influir en esta decisión”, expresó el abogado.
Borrayo refiere que no era el secretario general de FCN el encargado de las finanzas sino la contadora del partido pic.twitter.com/9XRx6sYRvH
Borrayo refiere que no era el secretario general de FCN el encargado de las finanzas sino la contadora del partido pic.twitter.com/9XRx6sYRvH
— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) September 10, 2017
Mientras hablaba, en una pantalla aparecían imágenes de la fiscal general, Thelma Aldana, y el jefe de la Cicig durante las ruedas de prensa mencionadas. Asimismo, una línea de tiempo sobre los hechos relacionados por él, incluidas publicaciones de medios de comunicación.
Se refirió también a la advertencia de la fiscal general de que renunciaría si Morales sacaba a Velásquez, lo que según dijo demuestra que la fiscal estaba haciendo acusaciones por otras razones. Sumó a esto que Aldana había anunciado que tenían una investigación en curso del partido oficialista, como aludiendo a que no estaba terminada.
Borrayo, quien es abogado de otros acusados por hechos de corrupción por parte de la Cicig y el Ministerio Público (MP), señaló que Aldana trató de incidir en la Comisión Pesquisidora. “Les recomienda que le quiten la inmunidad”, indicó, en alusión a una declaración a la prensa, efectuada tras la decisión de la Corte Suprema de dar trámite al antejuicio.
No es resultado de una investigación como vinieron acá a presentárselo, agregó.
Sobre los argumentos esgrimidos en la investigación preliminar de que Morales impidió la fiscalización de la autoridad electoral, que recibió financiamiento anónimo y los dos cheques que se presentaron como prueba, aseguró que sobre ambos cheques existe un recibo del partido y que hay un financista responsable (Rafael Díaz Jesús García). “¿Dónde está el financiamiento electoral ilícito si aquí están los documentos?”, preguntó, y aseguró—mostrando un supuesto informe con sello— que sí se presentó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la información.
El MP no puede alegar que no conoce esto, dijo.
El abogado de Jimmy Morales utiliza material audiovisual, medida que ayer no fue permitida a la Cicig. #AntejuicioJMorales Foto: Óscar Rivas pic.twitter.com/FFF6srhbj5
El abogado de Jimmy Morales utiliza material audiovisual, medida que ayer no fue permitida a la Cicig. #AntejuicioJMorales Foto: Óscar Rivas pic.twitter.com/FFF6srhbj5
— Prensa Libre (@prensa_libre) September 9, 2017
También aseguró que el MP y la Cicig cometieron un delito de infracción de privilegio, porque sin haberse levantado el derecho de antejuicio ya se estaba investigando a Morales. Lo anterior por una declaración rendida por una persona a la que le preguntaron si se había reunido con el mandatario.
Borrayo manifestó, como lo señaló el sábado otro representante de FCN-Nación que acudió a rendir declaración, que la responsable de los registros contables era la excontadora y que por no cumplir sus obligaciones se presentó una denuncia en su contra.
También denunció que los informes de transacciones sospechosas de la Intendencia de Verificación de la Superintendencia de Bancos se fundamentaron en declaraciones de prensa.
A la pregunta del presidente de la comisión de si el partido tiene libros contables de 2015, Borrayo expresó que sí y le entregó un legajo a los comisionados que, según dijo, eran esos libros.
El representante de @jimmymoralesgt culpa a Ana Gloria Pérez, excontadora de FCN-Nación, por no presentar informes de financiamiento al TSE. pic.twitter.com/Gry7im1WMJ
El representante de @jimmymoralesgt culpa a Ana Gloria Pérez, excontadora de FCN-Nación, por no presentar informes de financiamiento al TSE. pic.twitter.com/Gry7im1WMJ
— Saira Ramos (@SRamos_PN) September 9, 2017
Cuestionado sobre las notificaciones del TSE para la auditoría electoral en 2015 al secretario general, dijo que ninguna de las notificaciones fue efectuada de acuerdo con lo establecido por la ley vigente, ya que se hicieron vía telefónica. También manifestó que entre enero de 2015 y enero de 2016 se solicitó prórroga para la presentación de las auditorías contables por no tener la información de la antigua contadora.
Luego aseguró que los informes —que el MP y la Cicig aducen que no fueron entregados, junto con sus soportes contables— sí fueron entregados, de forma extemporánea, el pasado 31 de enero.
Estaba previsto que Morales rindiera declaración el viernes. No obstante, cuando le tocó el turno quien se presentó fue Borrayo, cuya presentación no fue aceptada por no tener una “carta poder amplia” que ayer debió consignar.
