La firma de abogados Mossack Fonseca –investigada por el Ministerio Público (MP) debido a supuestas anomalías en sus operaciones offshore– anunció que apelará la decisión del Primer Tribunal Superior que les rechazó un amparo de garantías con el que pretendían revertir el fallo del Juzgado Decimoséptimo Penal que dio una prórroga indefinida al MP para seguir este proceso.
Guillermina McDonald, abogada defensora de la firma, anunció que en los próximo días irá a la Corte Suprema de Justicia a presentar el correspondiente escrito de apelación contra la decisión del Primer Tribunal.
McDonald explicó que hay numerosos fallos de la Corte Suprema de Justicia en los que se establece la necesidad de poner un término a las investigaciones del MP.
En este sentido, McDonald alega que los artículos 2033 y 510 del Código Judicial establecen la existencia de un plazo para la investigación.
En el amparo, presentado por McDonald en diciembre pasado, fueron citados dos fallos de la Corte en los que esta concluyó necesario el establecimiento de un término para la investigación judicial.
Mientras, en el fallo del Primer Tribunal, fechado el 2 de este mes, la magistrada Eva Cal salvó su voto y advirtió que el rechazo del amparo de garantías probablemente dilatará el proceso, ya que tal decisión seguramente sería apelada.
En efecto, fuentes del MP opinaron que la presentación de un recurso de apelación demoraría más el caso, como ocurrió con el amparo de garantías presentado por la defensa de Mossack Fonseca, que obligó a la fiscalía a enviar el expediente original al Primer Tribunal Superior y todas las diligencias fueron suspendidas.
Las fuentes explicaron que una vez resuelto el amparo por el Primer Tribunal de Justicia, el expediente debe ser devuelto a la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, para que continúe con las investigaciones.
Y que si se presenta un nuevo recurso ante la Corte, se produciría una nueva suspensión de las diligencias por parte del MP.
La investigación a la firma Mossack Fonseca se inició tras la publicación de una investigación por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que dejó al descubierto una gran cantidad de sociedades offsshore creadas por esta firma de abogados y que presuntamente eran usadas para evadir impuestos y blanquear capitales.
En abril de 2016, el fiscal Javier Caraballo allanó la sede de Mossack Fonseca y se incautó de información contenida en tres servidores sobre miles de sociedades creadas para clientes en el mundo.
Sin embargo, a pesar del esfuerzo de la investigación, la fiscalía aún no ha ordenado indagatorias ni detenciones.