El Gobierno y la oposición de Nicaragua reanudaron el diálogo en medio de amenazas de “sanciones selectivas” aprobadas por el Parlamento Europeo contra funcionarios y allegados al presidente Daniel Ortega, señalados por graves violaciones a los derechos humanos.
La resolución, aprobada por 332 votos contra 25 y 39 abstenciones, pide al Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y a los países miembros aplicar sanciones individuales -como prohibición de visas y congelamiento de activos- a “individuos responsables de abusos de los derechos humanos” en Nicaragua.
El Parlamento Europeo volvió a demandar a Ortega la liberación incondicional de los detenidos considerados presos políticos (unos 770, según la oposición), así como el fin de la represión y del hostigamiento a los adversarios del Gobierno.
Los eurodiputados exigieron la restitución de la personalidad jurídica a una decena de organizaciones no gubernamentales que fueron proscritas en diciembre, entre estas, oenegés que trabajan en salud, desarrollo rural y derechos humanos. Asimismo, solicitaron activar la “cláusula democrática” del acuerdo de asociación que une a Nicaragua con la Unión Europea (UE), la cual condiciona sus nexos con terceros países al respeto de tratados internacionales y derechos humanos. De no hacerlo, se podrían suspender las relaciones comerciales y de cooperación entre el país y la UE, su tercer socio comercial.
