Un tribunal de apelaciones infligió ayer un nuevo revés a la administración del presidente Donald Trump, al negarse a restablecer la aplicación del decreto migratorio que bloquea la entrada a Estados Unidos de los nacionales de siete países musulmanes.
El Departamento de Justicia había recurrido el pasado sábado por la noche, ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, la decisión de un juez federal de bloquear la aplicación de este decreto, firmado hace ocho días por el presidente Donald Trump .
Tras la decisión de ayer del tribunal de apelaciones, se mantiene suspendida la aplicación del decreto antiinmigración de Trump.
En la decisión judicial se solicita a los estados de Washington y Minnesota, que interpusieron la demanda contra el decreto de Trump, que suministren documentación en la que se detalle su oposición al recurso gubernamental antes de las 11:59 de la noche de ayer.
El presidente estadounidense no tardó en reaccionar. “Como un juez suspendió la prohibición [de entrada de nacionales de siete países], mucha gente mala y peligrosa podría entrar en nuestro país. Una decisión terrible”, dijo Trump.
El juez federal de Seattle (estado de Washington) James Robart había emitido el pasado viernes por la noche una orden temporal que se tradujo el pasado sábado en una suspensión de las restricciones del decreto migratorio de Trump.
Interpelado sobre si las declaraciones de Trump contra el juez Robart no estaban fuera de lugar, el vicepresidente Mike Pence dijo a la cadena CBS que “todo presidente tiene derecho a criticar a las otras ramas del gobierno federal”.
La administración, dijo en Fox News, “va a reaccionar muy rápidamente. Vamos a ganar la batalla de los argumentos, puesto que vamos a tomar las medidas necesarias para proteger al país”.
Por otro lado, las voces críticas al veto se siguen sumando. “El texto no estaba fundamentado y (...) estaba basado en mentiras”, afirmó en CNN Madeleine Albright, quien fuera secretaria de Estado del expresidente demócrata Bill Clinton.
“Los argumentos (políticos) dejaban que desear”, declaró en la misma cadena Stephen Hadley, consejero en seguridad nacional bajo la presidencia del republicano George W. Bush.
Por su parte, la exjueza y comentarista de la cadena Fox News Jeanine Pirro argumentó el pasado sábado que nadie puede usurpar la autoridad del presidente Trump y que las leyes migratorias le garantizan el ordenar medidas de este tipo.
La demanda presentada el pasado lunes por el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, estimaba que el decreto gubernamental viola los derechos constitucionales de los inmigrantes, al tomar como blanco a los musulmanes.
En cambio, el Departamento de Justicia tiene tiempo hasta hoy para intentar convencer al tribunal de apelaciones. Rechazando el veto, unas decenas de manifestantes se reunieron en Nueva York y Los Ángeles en protesta por el veto migratorio.
Embajadora ante la ONU busca reducir los cascos azules
La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, ha iniciado un examen profundo de las operaciones de mantenimiento de la paz que conducirá probablemente a la reducción del número de estas misiones, indicaron diplomáticos. Al asumir su cargo, Haley prometió reformar Naciones Unidas y “hacer que desaparezcan” las actividades “obsoletas”, coincidiendo con varios llamamientos en el seno de la nueva mayoría en Washington a favor de una reducción drástica de la financiación estadounidense a la organización. Nikki Haley revisará cada una de las 16 operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y es “relativamente escéptica” sobre la eficacia de un gran número de despliegues de cascos azules, explicó un diplomático del Consejo de Seguridad bajo condición de anonimato. Entre los cascos azules hay muy pocos soldados estadounidenses, pero Estados Unidos es, de lejos, el mayor contribuyente financiero de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, con casi un 29% del presupuesto (7 mil 900 millones de dólares para este año). Quien fuera gobernadora de Carolina del Sur ya ha dicho claramente que quiere reducir la participación estadounidense en la financiación de los cascos azules por debajo del 25% y ha sugerido que otros países asuman más responsabilidades.
Por el momento, no se estableció ninguna lista, pero según los diplomáticos, las misiones de la ONU en Haití y Liberia son, quizás, las más proclives a cerrar.