FRAUDE

Niegan fianzas en caso de acaparamiento de tierras

Niegan fianzas en caso de acaparamiento de tierras
Niegan fianzas en caso de acaparamiento de tierras

La jueza segunda penal de Colón, Gloria González de Vergara, negó solicitudes de fianzas de excarcelación a 11 personas vinculadas con la investigación por el acaparamiento presuntamente fraudulento de más de 2 mil hectáreas de tierras boscosas en Donoso, provincia de Colón.

La génesis de la investigación se desprende de un informe de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, que cita publicaciones de este diario, las cuales guardan relación con el acaparamiento presuntamente fraudulento de tierras en Donoso, Colón.

Las publicaciones revelaron que un grupo de extranjeros y panameños –todos vinculados entre sí– acaparó centenares de hectáreas de bosques vírgenes cerca del área minera.

Niegan fianzas en caso de acaparamiento de tierras
Niegan fianzas en caso de acaparamiento de tierras

El grupo, según las pesquisas, era encabezado por los extranjeros Juan Pablo Brons y Andrés Warnken, quienes pidieron “el favor” a familiares y amigos para que firmaran documentos de solicitud de tierras a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), para luego traspasarlas a sociedades recién creadas.

Los que firmaron los documentos no conocían el sitio donde adquirirían la propiedad. Las tierras fueron adjudicadas a precios muy bajos en procesos inusualmente veloces en la Anati, entre 2012 y 2014.

Las autoridades detectaron que se entregaron títulos fraudulentos dentro de la concesión de Minera Panamá y otras zonas en Coclé del Norte y San José del General, en Colón, con la participación de funcionarios de la Anati.

El fallo

En un fallo del 24 de enero de 2019, la jueza concluyó que la mayoría de los indagados fue imputada por la supuesta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita, delito este que de conformidad con lo establecido en el artículo 2173 del Código Judicial no admite fianza de excarcelación.

Destacó que por la gravedad del delito imputado a los procesados, que en su mayoría son servidores públicos, es válida la medida de detención preventiva impuesta por la fiscalía.

De acuerdo con la sentencia, la medida de detención se justifica, ya que se trata de “un proceso sumamente delicado y en el cual se encuentra vinculado un considerable número de personas que aún no han sido traídas a la investigación en su totalidad, y falta por incorporar pruebas de vital importancia...”.

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