OPINIÓN. La carta del presidente de la Corte Suprema de Justicia al fiscal sexto anticorrupción llama la atención por dos razones distintas. La primera consiste en que el presidente de la Corte se dirige a un funcionario de nivel inferior de otra entidad del Estado, cuando el sentido protocolar sugiere que el presidente de la Corte debería comunicarse con la Procuradora General de la Nación para solicitarle sus buenos oficios en este asunto. Recordemos que con la reforma constitucional de 2004 el Ministerio Público (MP) dejó de ser parte del poder judicial, y por lo tanto el presidente de la Corte no es superior jerárquico de ningún funcionario del Ministerio Público. La segunda razón es de fondo. Para resolver el problema con los involucrados en el caso de la “Taquilla”, bastaba al presidente de la Corte emitir una circular o instrucción a la seguridad del palacio Gil Ponce para evitar o restringir la entrada de los sospechosos en el caso de corrupción judicial. Adicionalmente, solo se requerían meras acciones de recursos humanos o una amonestación verbal al personal de la Oficina de Descongestión Judicial para cesar las comunicaciones con terceros implicados en la investigación criminal. La petición enviada al fiscal sexto casi parece una instigación a solicitar una medida cautelar contra los imputados en la causa de la “taquilla”, para evitar que estos visiten sus antiguas oficinas o se comuniquen con sus excompañeros de trabajo. Ambas acciones las puede implementar la propia Corte por vía administrativa y de recursos humanos, sin necesidad de involucrar al Ministerio Público.
ENFOQUE
Nota al MP, ¿injerencia del poder judicial?
17 feb 2016 - 07:28 AM