Las notarías públicas han sido foco de corrupción durante varias administraciones, y en esta de Ricardo Martinelli no ha sido la excepción, según revelan fuentes consultadas y documentos publicados.
Gobierno tras gobierno se ha seguido con el mismo patrón de otorgar las notarías a personas allegadas a la administración de turno, que colocan a abogados al frente, como especie de empleados suyos.
El Presidente de la República, a través del Ministerio de Gobierno, nombra a los notarios. Ellos son supervisados por la Gobernación de la provincia respectiva.
No devengan salario fijo y los pagos de sus gastos son cubiertos por los ingresos que la oficina genere. La cantidad de notarías está reglamentada por el Código Administrativo.
En todo el país existen 23 notarías, 13 de ellas en la ciudad capital.
El negocio
El reparto de las notarías entre los partidos que llegan al poder no solo se hace por razones territoriales, entre las que están en el interior y en la capital. En la decisión para repartirlas prevalecen las razones de ingresos que genere cada despacho.
Las notarías del interior pueden generar entre $20 mil y $22 mil mensuales, en cambio las que se ubican en la capital logran ingresos de hasta $60 mil mensuales. Estas últimas son las más codiciadas (ver tabla de notarios).
Durante esta administración hubo escándalos en el manejo de las notarías: denuncias de desvíos de fondos para los partidos políticos, reclamos por certificación fraudulenta de traspasos de fincas, manejo de estas oficinas por ministros de Estado, y la injerencia del Ejecutivo en las decisiones de los notarios.
Notaría en manos de ministros
“Señor ministro, lo reto a un debate, usted y yo, sobre cualquier tema. Pero eso sí, venga preparado para hablar de las notarías de donde salen cheques dirigidos a personas allegadas a usted.., usted sabe a qué me refiero”.
Así se dirigió el diputado panameñista José Isabel Blandón al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Frank De Lima. Blandón hacía alusión indirecta a una notaría administrada por el ministro.
Los cheques a los que aludía Blandón eran al menos 10 y fueron expedidos por la Notaría Sexta de La Chorrera y por diferentes montos a nombre de Stella Ballanis Rojas, exesposa de De Lima, con quien el ministro tiene dos hijos menores de edad.
Según una públicacción aparecida en La Prensa en 2012, una fuente reveló que De Lima le dejó el control de esta notaría a Ballanis Rojas en forma de pago por la pensión alimenticia de sus hijos.
La historia del control de la Notaría Sexta se remonta a inicios de la alianza entre Cambio Democrático y el Partido Panameñista.
Resulta que las notarías de la capital les fueron entregadas a miembros de CD y las del interior a los panameñistas, dijo una fuente.
No obstante, la de La Chorrera fue obviada al momento de la repartición, por lo que se decidió nombrar a un notario panameñista a quien se le pagaría un sueldo de la recaudación que lograra la oficina.
No obstante, el control absoluto de la citada notaría estaría a cargo de Frank De Lima, quien para inicios del gobierno era viceministro del MEF y tesorero de CD.
Así el abogado Leonel Olmos fue nombrado notario sexto y Jessica Itzel Rojas de Knispschild, administradora. Esta última señora es la madre de Ballanis Rojas, exesposa de De Lima.
Luego, a finales de 2012, fue nombrada en la Notaría Sexta Carmen López de Flores.
De Lima y Rojas niegan
En su momento, De Lima negó cualquier vinculación con Ballanis Rojas. “Estoy divorciado desde 2008; obviamente tengo una relación con mi exesposa porque es la madre de mis hijos, pero desconozco qué hace ella con su vida profesional”.
Ballanis Rojas negó que se hayan expedido cheques a su nombre desde la Notaría Sexta. Afirmó que desde el cambio de notario, cesaron sus servicios y los de su madre en la Notaría Sexta.
La actual notaria sexta Carmen López Flores también negó que se hayan expedido cheques de esa oficina para Stella Ballanis Rojas o para su madre Jessica Rojas.
Además, negó que ambas hayan trabajado en la Notaría Sexta.
´Crisol de Razas´, la fuente del negocio
Las ferias de ´Crisol de razas´ para la regularización migratoria de los extranjeros en Panamá fue una de las principales fuentes de los ingresos para las notarías.
Mediante estas ferias, el Servicio Nacional de Migración recaudó cerca de $30 millones.
Las notarías se beneficiaban económicamente porque los extranjeros tenían que acudir a esos despachos a notariar documentos, requisito indispensable para darle trámite a sus procesos de normalización migratoria en Panamá. Notariar cada documento le costaba $60 a cada extranjero, según fuentes consultadas.
Así, miles de dólares de los extranjeros fueron a parar a los fondos de las 23 notarías del país.
La promesa
En su campaña política, el hoy presidente electo del país Juan Carlos Varela prometió modificar el régimen de las notarías para nombrar por méritos a las personas que ocupen esos cargos, y que parte de los ingresos que generen esos despachos sean utilizados para financiar obras que programe el gobierno.
Las propuestas
Carlos Gasnell, vicepresidente ejecutivo del capítulo de Transparencia Internacional de Panamá, dijo que hay muchas expectativas para que se cumpla esa promesa de Varela.
En ese sentido, indicó que se puede hacer realidad a través de varios modelos que han ejecutado otros países en el manejo de este tipo de despachos: aplicar un sistema de incentivos para las notarías y su personal por productividad.
Destacó Gasnell que un porcentaje de los ingresos que generan las notarías podría destinarse a obras públicas. Aclaró que para aplicar esta medida hay que especificar de manera transparente cuántos ingresos genera cada uno de estos despachos.
Manifestó que el cambio del régimen de las notarías es un tema que debe entrar a debate en el próximo gobierno.
Gasnell indicó que también podría aumentarse la cantidad de notarías. “Lo importante es lograr un equilibrio entre efectividad e interés público. Si se cambia el modelo, las notarías tampoco pueden convertirse en un ente público lento y burocrático sujeto a la tentación de la corrupción por agilización de trámites”, cuestionó el activista de la sociedad civil.
Hay que hacer una ley
El expresidente del Colegio Nacional de Abogados Rubén Elías Rodríguez propone que se dicte una ley que reglamente las notarías, porque actualmente sus funciones están dispersas en diferentes códigos y leyes especiales.
Añadió que esa ley debe incluir los requisitos que se exigen para ser notario público. Estos requisitos deben ser los jurídicos y los morales, o sea, personas con extraordinaria honestidad y transparencia probada.
Destacó que la norma debe acabar con la práctica de usar las notarías como prebenda política y foco de corrupción. Porque hasta ahora, según Rodríguez, las notarías se les dan a personas allegadas a los partidos en el poder. Estas, a su vez, nombran como notario a una persona a la cual le pagan un salario, pero el “dueño” se lleva la mayoría de los ingresos.
También plantea que las notarías deben salir de la esfera de la gobernación de la provincia respectiva, que es la que las fiscaliza. Más bien deben estar bajo supervisión del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia o un departamento especial del Ministerio de Gobierno.
Destaca que los notarios deben rendir un informe final de su gestión, que incluya el manejo de fondos.
El expresidente del Colegio de Abogados señala que los notarios deben salir de la esfera del Gobierno de turno para que se manejen con independencia total y se aparten de la injerencia del Ejecutivo.
(Con información de Eduardo Mendoza).
La notaria de Colón, Nedelka Navas, pagó con su puesto el haberse enfrentado al mandatario Ricardo Martinelli y hablar con la verdad.
En noviembre de 2011, el diario oficialista Panamá América publicó dos reportajes en los que señalaba que los notarios de Colón, Coclé y Los Santos revelaron que el Partido Panameñista creó una estructura en la sombra para desviar dinero que se recaudaba en las notarías para actividades proselitistas de ese colectivo.
La que desafío esas publicaciones fue la entonces notaría Navas, quien desmintió que ella hubiese asistido a las oficinas del diario oficialista para entregar supuestas pruebas sobre el desvío de fondos de las notarías.
Navas aclaró que fue el propio presidente Ricardo Martinelli quien la citó a una reunión en el Palacio de las Garzas.
Precisó que en ese encuentro ocurrido en la tarde del 8 de noviembre de 2011, Martinelli le presentó al periodista Santiago Fascetto (director asociado de Panamá América), quien le hizo algunas preguntas relativas al desvío de fondos del despacho que ella manejaba en Colón.
Confirmó Navas que el periodista Fascetto le pidió que no revelará el lugar dónde se efectuó la reunión.
“Él (Fascetto) me preguntó a mí si autorizaba que pusiera que yo había ido al Panamá América a declarar. Yo le respondí que no autorizaba eso porque tenía que decir la verdad”, explicó Navas.
En los meses siguientes Navas denuncia que es sometida por el presidente Martinelli a presiones para que abandonara el cargo de notaria y se inscribiera en Cambio Democrático (CD).
En abril de 2012, Navas fue destituida como notaria de Colón por el gobernante.
“Responsabilizo a Ricardo Martinelli. Por la presión de Ricardo Martinelli perdí a mi hijo”, dijo Navas en una entrevista concedida a este diario desde su residencia, en Colón, cuando conoció de su destitución por el Ejecutivo.
Confesó que en febrero de ese año había sufrido un aborto debido a las presiones que recibió de parte del mandatario Martinelli.
La exnotaria entró por varios meses en un litigio legal con el Ejecutivo, pero finalmente el Presidente nombró su reemplazo.
CARLOS ALBERTO VARGAS
