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Nueva acción de desacato contra ampliación de vía Omar Torrijos

Nueva acción de desacato contra ampliación de vía Omar Torrijos
Nueva acción de desacato contra ampliación de vía Omar Torrijos

El Municipio de Panamá presentó una acción de desacato ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia contra el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas, ya que las obras de ampliación de la vía Omar Torrijos, en Ancón, continúan, a pesar de que la resolución que aprobó el estudio ambiental del proyecto fue suspendida.

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Acción de desacato contra obras en la vía Omar TorrijosFallo suspende ampliación de la vía Omar Torrijos

En efecto, en febrero pasado, la Sala Tercera ordenó la suspensión provisional de la resolución mediante la cual se aprobó el estudio del proyecto, como parte de una demanda de nulidad presentada por el alcalde del distrito de Panamá, José Isabel Blandón. Pero, hasta ahora las obras se mantienen.

La alcaldesa encargada, Raisa Banfield, subrayó que la acción legal busca detener la construcción, antes que el daño ecológico sea mayor o irreversible para esa valiosa área del país. “Buscamos que la Corte haga cumplir las normativas”, acotó.

Banfield mencionó que solo hasta ahora presentaron el recurso, porque esperaban un acercamiento con los ministros de Obras Públicas y Ambiente, Ramón Arosemena y Emilio Sempris, respectivamente, pero simplemente continuaron con el desarrollo vial.

Una acción similar fue presentada esta semana por la Asociación de Comunidades de Áreas del Canal, organización que lleva meses protestando todos los sábados contra este proyecto.

Santander Tristán, quien presentó el recurso legal, señaló que esperan que se sancione a los funcionarios del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Obras Públicas, así como que se detenga la ampliación, cuyo costo es de $89 millones.

Los residentes cuestionan la obra porque implica el impacto sobre 13 hectáreas del Parque Camino de Cruces y además sostienen que el estudio ambiental debió ser categoría III y no II, para que se garantizara una mayor consulta pública con los afectados.


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