La fiscalía general y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señalaron ayer al presidente Jimmy Morales y a empresarios guatemaltecos por corrupción.
Oscar Schaad, fiscal de delitos electorales, dijo a AP que una investigación determinó que empresarios habrían entregado más de un millón de dólares que no fueron reportados para beneficiar la campaña del partido Frente de Convergencia Nacional cuando Morales era secretario general de dicho colectivo, antes de llegar ser presidente en 2016.
Más tarde, la fiscal Thelma Aldana y el comisionado de la Cicig, Ivan Velázquez, recordaron en conferencia de prensa que esta es la segunda parte de una investigación que ambos organismos iniciaron hace tiempo contra Morales por el mismo tema.
Según explicaron, en la primera parte del proceso se determinó que el presidente ocultó información financiera de su partido por más de un millón de dólares proveniente de financiamiento ilícito. Por ello, el monto que suman las dos investigaciones en total asciende a 35 millones de quetzales (poco más de 2 millones de dólares).
Aldana no descartó que se presente una nueva solicitud de retiro de inmunidad del mandatario, pero dijo que aún esperan recabar más información.
Esta es la tercera ocasión en que la justicia guatemalteca involucra al mandatario en hechos de corrupción.
Antes se le acusó una vez por financiamiento electoral ilícito y una por recibir sobresueldos por 61 mil dólares del Ejército de Guatemala. Ninguno de los casos pudo investigarse porque, aunque la fiscalía y la Cicig pidieron retirar su inmunidad, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia lo protegieron.
Javier Hernández, jefe de la bancada del partido oficialista en el Congreso, dijo a periodistas que la nueva acusación de la fiscalía contra el presidente es “más un ataque político que legal”, y aseguró que el Comité Ejecutivo del partido se reunirá para tratar el tema. “Creo que es un ataque directo a un partido legalmente instituido”, afirmó.
Schaad, fiscal de delitos electorales, explicó a la AP que durante su más reciente investigación, la fiscalía determinó que existieron tres tipos de financiamientos: 1. Reportado. 2. No reportado, pero establecido por el Tribunal Supremo Electoral y 3. No reportado y no establecido, el cual era anónimo e ilícito. “Hemos detectado que hubo financiamiento que simplemente no fue declarado al Tribunal y que por distintas razones el Tribunal no lo detectó, que es la parte en la que se enfocó la investigación”, dijo el fiscal.