La recién creada Ley No. 136 del 31 de diciembre de 2013 sobre puesta en valor del conjunto monumental Casco Antiguo, deja pocas opciones a los inquilinos de los inmuebles, ya que las indemnizaciones solo van desde los $5 mil hasta los $12 mil, en caso de que los dueños de las propiedades quieran llevar a cabo desalojos para acondicionar o desarrollar nuevos proyectos en las estructuras.
La normativa indica que los residentes con entre 5 y 10 años serán compensados con $5 mil; de 10 a 20 años ($6 mil); de 20 a 30 años ($8 mil); de 30 a 40 años ($10 mil), y más de 40 años ($12 mil).
Incluso en el artículo 26 se establece que las indemnizaciones cubren solo a personas que están viviendo por razones de “interés social” en el conjunto monumental; que hayan firmado un contrato de alquiler antes de 2008; que el pago del canon de arrendamiento no sea mayor de $75, y no estén en categoría de intrusos o precaristas.
Ante esta situación, los residentes del área se organizan para solicitar a las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Instituto Nacional de Cultura que se flexibilicen las condiciones.
El presidente de la Asociación de Residentes del Casco Antiguo, Gilberto Gutiérrez, indicó que del total de inquilinos un 60% no tiene contrato de alquiler.
“Esta ley nos saca a todos del barrio. Incluso hay personas que no tienen contrato y están pagando más de $100 mensuales”, agregó.
La legislación contradice las disposiciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco , por sus siglas en inglés) para la puesta en valor del lugar que recomiendan hacer viviendas de interés social para estos residentes.