ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

Nuevas medidas para oenegés

Nuevas medidas para oenegés
La ministra de Gobierno, Maria Luisa Romero, dijo que el decreto responde a transformaciones que hace el país para evitar que se utilicen estructuras para el financiamiento de activida

Pese a que actualmente existen tres decretos ejecutivos que regulan a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) en Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Gobierno (Mingob) trabajan en el borrador de otra normativa, con el objetivo de fortalecer dichas organizaciones en temas de transparencia y combatir el blanqueo de capitales.

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Opiniones diversas sobre norma que regularía las oenegés

A diferencia de los decretos anteriores, el nuevo documento -de 41 artículos- establece, entre otras cosas, que las OSFL tendrán la obligatoriedad de mantener al día sus actas, directores, estatutos y reportar la información financiera.

Además, se dispone que si el dinero recibido proviene de organismos internacionales, o del presupuesto del Estado, los recursos deben estar depositados en un banco.

Aunado a esto, la medida busca que el derecho a crear una OSFL, establecido en el artículo 39 de la Constitución, sea “más accesible y todos los interesados puedan presentar su documentación en las gobernaciones de las diferentes provincias”.

EN DESACUERDO CON CAPÍTULO

La normativa responde a las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual recomendó elevar a departamento la Unidad de Supervisión, Seguimiento y Evaluación del Mingob, dirigida a fiscalizar de forma “permanente” el funcionamiento de las OSFL.

Las funciones de este departamento están establecidas en el capítulo 8 del borrador de decreto, obligaciones que a juicio de representantes de varias organizaciones de la sociedad civil permiten algunas “arbitrariedades”.

Desde su artículo 27 hasta el 35, el documento indica que dicho departamento podrá ejercer mecanismos de control para “minimizar riesgos y dar seguimiento a las OSFL con el fin de prevenir que contravengan lo establecido en la normativa vigente que regula este tipo de entidades”.

También se establece que dentro de sus funciones podrá verificar el reconocimiento y la inscripción de personería jurídica de aquellas asociaciones y fundaciones, así como verificar y requerir los registros de los fondos que reciban, generen o transfieran.

Entre sus atribuciones, podrán requerir toda la documentación que resulte conveniente y necesaria para la función de supervisión, además de ordenar y practicar examen de libros, actas, documentos y demás efectos correspondientes a la administración, manejo financiero y funcionamiento; solicitar informes a los dignatarios, representantes o responsables, así como a terceros.

Finalmente, las facultades de este departamento serán realizar visitas domiciliarias a las OSFL para llevar a cabo la supervisión de las actividades y operaciones que desarrolla; comunicar y citar a los representantes de las OSFL para que presenten cualquier documentación o brinden información que sea requerida para justificar, aclarar o subsanar deficiencias relacionadas con su estatus legal.

En este último punto se aclara que la citación “deberá ser entregada de manera directa a quien se encuentre presente en el domicilio legal de la entidad o mediante la fijación de edicto en puerta”.

Además, solicitar, de ser necesario, el apoyo de la fuerza pública para “el fiel cumplimiento de las funciones, atribuciones y facultades del Departamento”.

Luego de que se divulgara este borrador de decreto, hace aproximadamente tres semanas, la Asamblea de Acción Ciudadana, espacio que reúne, al menos, a 15 grupos de la sociedad civil organizada como Alianza  Ciudadana Pro Justicia, Afro Panameña Soy, Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá, Espacio Encuentro de Reflexión de activistas LGBTI, Mesa de Análisis de Leyes y Políticas Públicas de Discapacidad y la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá, rechazaron expresamente el capítulo 8, alegando que es “totalmente peligroso para el derecho de asociación y contraria a todas las buenas prácticas internacionales y a los convenios internacionales de derechos humanos”.

El grupo activista indicó que al Departamento de Supervisión y Evaluación de las asociaciones “se les asigna funciones muy amplias”.

Manifestaron que no queda claro lo que se entiende por “funcionamiento operativo”, luego de que este departamento pueda quedar facultado para la supervisión operativa de las OSFL.

Indicaron también que se pretende aplicar mecanismos de control para minimizar riesgos, pero que “no se aclara a qué tipo de riesgos se refiere”.

En relación con la facultad de requerir todo tipo de documentación, la Asamblea expresó que “deja abierta la puerta para la persecución o acoso”.

Por último, fueron enfáticos en cuestionar la posibilidad de que el Mingob recurra a la fuerza pública para allanar las oficinas de dichas oenegés.

Otro que se sumó a los cuestionamientos de esta normativa fue el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Juan Gabriel González.

Según González, es “preferible” que este tema sea discutido a nivel o jerarquía de ley, en lugar de un decreto ejecutivo.

“El hecho de que una Asociación deba registrar sus trámites ante el Registro Público y en el Ministerio de Gobierno puede resultar engorroso y genera burocracia (…). Debemos tratar de simplificar estos trámites”, dijo el abogado, quien también manifestó que hay normas del proyecto que “de caer en manos de un gobierno autoritario pudieran colocar en peligro la existencia y supervivencia de asociaciones sin fines de lucro. En el pasado lo hemos vivido”.

González, en funciones de presidente de la Apede, solicitó una cita a la ministra de Gobierno, María Luisa Romero, a fin de que explique el alcance e intención de este borrador de decreto, para “esclarecer dudas”.

Por su parte, Romero explicó que dicha iniciativa hace cambios “positivos” para poder ampliar y fortalecer el derecho de crear asociaciones.

“Definitivamente se está elevando a un decreto ejecutivo, lo que ya estaba en una resolución con respecto al monitoreo y supervisión de las oenegés, y esto es por el esfuerzo de país que estamos llevando a cabo por transparencia financiera (...) no son las asociaciones sin fines de lucro las únicas que están pasando por estas transformaciones. Lo hemos visto por años con abogados, la Zona Libre de Colón, el sector de la construcción. Realmente tenemos que como país comprender que era más fácil que se utilizaran algunas estructuras para el blanqueo de capitales, y eso es lo que estamos buscando evitar con los  cambios”, dijo la titular de Gobierno.

Entretanto, la Alianza Ciudadana Pro Justicia también solicitó al Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo (ICNL, por sus siglas en inglés) –otra oenegé con base en Estados Unidos– su opinión sobre este borrador de decreto.

El ICNL dijo que esta normativa “impondría un régimen uniforme de control casi ilimitado sobre el funcionamiento y financiamiento de todas las OSFL, y además problemático bajo los estándares de la libertad de asociación, como del Grupo de  Acción Financiera Internacional (GAFI)”.

Indicaron que el borrador podría implicar “severos problemas” prácticos en el ejercicio de la libertad de asociación en Panamá, como se presenta a continuación.

“Es importante también resaltar que el GAFI ha rechazado requisitos ‘talla única’ para regular a las entidades sin fines de lucro, exigiendo que los Estados realicen análisis de riesgo y que establezcan medidas de supervisión proporcionales para las organizaciones determinadas en situación de riesgo”, indicó una nota enviada por el ICNL.

APLAUDEN INICIATIVA

La directora de Casa Esperanza, Angélica Lavítola, indicó que toda iniciativa que sirva para reforzar la transparencia de la sociedad siempre será“positiva”.

“Creo que la transparencia siempre refuerza la gestión y, además, podría vincularse con los objetivos país que el Estado plantee en un momento determinado. Pienso que es positivo, siempre y cuando se regule de manera correcta”, afirmó.

Lavítola hizo la salvedad de que es importante que el Mingob, en aras de trabajar con la sociedad civil, levante algún tipo de reuniones para aclarar cualquier duda de esta nueva forma de regulación. “Me parece un decreto marco que debe tener regulaciones más claras, especialmente en su mecanismo de evaluación”, dijo.

Rafael Zevallos, director ejecutivo de la Fundación Jesús Luz de Oportunidades, coincidió con Lavítola, indicando que deben abrirse las vías de comunicación con los actores de la sociedad civil para formar parte de la elaboración del documento y aportar conocimiento. “Esto para que la normativa salga fortalecida”, indicó.

Respecto a estas inquietudes, la ministra de Gobierno ha dicho que se está“abierto al diálogo”, ya que es algo que aún no está firmado. “Estamos informando y también esperamos recibir las recomendaciones que puedan tener esas organizaciones”, indicó.

Entre tanto, para Zevallos “lamentablemente por la situación que se está dando en el país, por el mal manejo de algunas organizaciones, es necesario que se evalúe el funcionamiento de las OSFL”.

“Algunas organizaciones, quizás no tan reconocidas, se están aprovechando para un mal manejo de funciones. Considero que otras oenegés con más trayectoria y bien establecidas no tendrán problema con que se les fiscalice. Somos más los interesados en que las organizaciones estén haciendo un trabajo real, que sean transparentes y que los fondos que les sean donados provengan de manera correcta”, dijo Zevallos.

El director ejecutivo de Fundación Jesús Luz de Oportunidades hizo referencia a las recientes investigaciones de La Prensa en las que se evidencia que algunos diputados de la Asamblea Nacional transfirieron fondos a favor de  agrupaciones deportivas y organizaciones no gubernamentales, a través de donaciones que llegan incompletas a sus destinatarios.

Unos  400 mil dólares en donativos  fueron refrendados para oenegés y agrupaciones deportivas con vínculos y lideradas por diputados en los últimos 20 meses.

Por su parte, Alexandra Castro, directora ejecutiva de FundaCáncer, manifestó que, pese a que no “ha leído del todo el borrador de decreto”, está de acuerdo con que hay que fiscalizar y que debe de haber transparencia en el uso de fondos públicos.

“FundaCáncer es transparente, todos los años hacemos un informe de gestión para que se sepa que el dinero va destinado a los pacientes que sufren de esta enfermedad. Mientras hayan más iniciativas enfocadas hacia la transparencia, es mejor para todos”, apuntó.

De aprobarse este nuevo documento, se derogaría el Decreto Ejecutivo No. 524 del 31 de octubre de 2005, el Decreto Ejecutivo No. 627 del 26 de diciembre de 2006, el Decreto Ejecutivo No. 615 del 12 de julio de 2012, que son los que actualmente reglamentan las asociaciones y fundaciones cuya personería jurídica es reconocida por el Mingob.

REUNIÓN

En vista de las inconformidades en mención por parte de los representantes de las OSFL, la ministra Romero solicitó un reunión para “aclarar todas las dudas”.

La misma se celebró el pasado viernes a puertas cerradas, en horas de la tarde.

Francisco De León Solís, director de Asesoría Legal del Mingob, le explicó a La Prensa que durante el encuentro las asociaciones presentaron sus propuestas y comentarios a este borrador. “Esperamos que hayamos aclarado todas las dudas. Tomaremos las modificaciones que se plantearon en la reunión, de manera que se explique más el decreto y calme preocupaciones”.

Según De León Solís, estos cambios serán presentados en el transcurso de la semana a Romero. “La ministra es la que tomará la decisión, la intención del decreto seguirá siendo la misma, pero de forma más clara y objetiva”, acotó.

No obstante, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana y uno de los asistentes al encuentro, dijo que en la reunión no hubo la tónica -por parte del Mingob- de acordar las modificaciones. “Solicitaron escuchar nuestras preocupaciones, pero no dijeron que las van a asumir. No concluyeron que las iban a incorporar en esta normativa”, explicó.

“Estoy sorprendido porque el encuentro no fue más que para escuchar las reacciones, estamos preocupados por la forma en que se están planteando estas regulaciones, la verdad no sabemos qué va a hacer el Mingob, no sé qué decisión tomarán”, afirmó el activista

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