ACUERDO FINAL DE PAZ EN COLOMBIA

Nuevas propuestas en la mesa

El presidente Santos y el jefe negociador De la Calle informaron que han clasificado y organizado cientos de planteamientos con mente abierta y respeto.

Nuevas propuestas en la mesa
Unos 15 ciudadanos, liderados por Jhon Jairo Hoyos, hijo del exdiputado Jairo Hoyos, secuestrado y asesinado por las FARC, marchan de Cali a Bogotá, para exigir al Gobie

Dos semanas y media después del plebiscito que rechazó los acuerdos de paz, el Gobierno colombiano dio por concluido –el jueves 20 de octubre– el período de recepción de propuestas para el proceso de renegociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El resultado del ejercicio son cientos de aportes que desde el fin de semana pasado los negociadores de ambas partes discuten en La Habana, sede de la negociación pública que por cuatro años se desarrolló.

En palabras del presidente Juan Manuel Santos, entre lo recibido hay muchas propuestas “que coinciden, que son similares y son razonables; otras son difíciles, pero no imposibles, y hay otras que son totalmente inviables, porque parten de la base, por ejemplo, de que no hay conflicto que solucionar y que, por consiguiente, no se pueden aplicar ni el derecho internacional humanitario ni la justicia transicional”.

La declaración, en la que el mandatario reiteró que va a cumplir con la tarea de llevar la paz permanente a todos los colombianos, no incluyó detalles sobre los aportes, aunque sí insistió en dejar claro que el Gobierno se reunió con todos los sectores y que él escuchó personalmente a los que defendieron el “no” y a los que apoyaron el “sí”.

El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, acotó por su lado que el Centro Democrático –del expresidente Álvaro Uribe, férreo detractor de los acuerdos durante el diálogo y la campaña para el plebiscito– hizo propuestas que les parecieron “responsables y constructivas”, sin que “necesariamente” estén de acuerdo con ellas, y mencionó que entre los planteamientos recibidos están los de la Fundación Víctimas Visibles, los del expresidente Andrés Pastrana, los del exprocurador Alejandro Ordóñez, los de la exministra de Defensa Martha Lucía Ramírez y grupos religiosos.

“Todas estas propuestas las hemos clasificado y estudiado minuciosamente, en forma metódica. En todas encontramos un ánimo patriótico de contribuir a la discusión”, adujo De la Calle.

Uno de los rostros más visibles del “no” fue el del expresidente Uribe, cuyo partido presentó un documento de 26 páginas en el que hizo un análisis de lo que consideran deben ser las bases de un acuerdo nacional, y con él 18 propuestas: Eliminar la jurisdicción especial de paz y reemplazarla con un sistema de justicia transicional que forme parte de la jurisdicción ordinaria nacional; crear dentro de la jurisdicción ordinaria salas especializadas que denomina Cortes para la Paz, que estén adscritas al Tribunal Superior de Bogotá; que se le atribuya competencia a la Sala Plena de la Corte Suprema, para que funja como superior jerárquico de las cortes para la Paz, las cuales, a su vez, tendrían salas como las de amnistías e indultos, la de juzgamiento y la de control de garantías. Asimismo propuso ampliar la aplicación de la amnistía y el indulto a terceros no combatientes; un trato diferencial para los agentes del Estado y modificar el régimen de sanciones, estableciendo un mínimo de 5 años y un máximo de 20, esta última para aquellos que no reconozcan su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Al presentar su paquete de 17 propuestas, la exministra Ramírez argumentó que el acuerdo pactado crea una serie de instituciones, organismos y comisiones, cuyo funcionamiento e interacción con otras entidades públicas es confuso, genera más burocracia y desnaturaliza el ejercicio de las facultades de autoridades como los alcaldes y gobernadores, lo que lesiona el diseño institucional existente en Colombia y debilita el ejercicio de funciones públicas. Por ello, propone que la asignación de la tierra no sea el único modelo de desarrollo, que este sea incluyente, es decir, que se prevea la participación del sector empresarial y la inversión en infraestructura.

En cuanto al apoyo económico para la participación política de las FARC, Ramírez asegura que esta recibiría recursos directos e indirectos millonarios que los demás partidos no han recibido ni recibirán jamás. Por tanto, propone “que los recursos de financiación y de difusión que reciba el partido de las FARC, deberán equivaler a la media que se asigna a los partidos políticos existentes”.

VISIONES DISTINTAS

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha seguido de cerca el proceso que empezó el pasado 3 de octubre, un día después del plebiscito en el que la opción del “no” resultó ganadora con 50.21% de los sufragios (6 millones 431 mil 376 votos).

Esta organización, creada por empresarios en 1999, y cuya misión consiste en generar conocimiento, proponer iniciativas, desarrollar prácticas y acompañar procesos para contribuir a la construcción de una paz estable y duradera, realizó una revisión detallada de las propuestas hechas por los líderes del “no” y las de aquellos que estuvieron a favor de los acuerdos.

Al preguntarle sobre propuestas viables presentadas por los sectores del “no” para destrabar los acuerdos, Sergio Guarín, coordinador de Postconflicto y Construcción de Paz de la FIP, expresó que lo primero que hay que reconocer cuando se examinan sus propuestas es que el “no” es muy variado, que tiene enfoques que no son compartidos entre los distintos voceros y que plantean ajustes que son de distinta naturaleza.

En segundo lugar, dice que en muchos de los aportes del “no” hay preocupaciones que se pueden traducir de manera muy fácil en propuestas. “Es decir, yo no creo que el ‘no’ sea la expresión de una negación radical a los acuerdos, sino que en el ‘no’ confluyen un montón de visiones que están planteando ajustes, entendidos no como renegociación, sino como ajustes”, apuntó Guarín.

Un tercer aspecto a destacar, según el experto, es que los planteamientos del “no” gravitan sobre asuntos difíciles que deben haber sido parte de la negociación, que se han discutido en Colombia durante años y sobre los cuales el país tiene mucha conciencia y experiencia, como el desafío de poder balancear mecanismos de democracia participativa con el rol que tienen alcaldes y gobernadores.

“De manera global lo que te diría es que en el ‘no’ hay un conjunto de propuestas viables, que implican ajustes, algunos de fondo pero que no son imposibles, ni irreales ni insensatos, y que a partir de ellos existe la posibilidad de reconstruir un acuerdo que satisfaga a un número plural de colombianos. Obviamente existen líderes del “no” que tienen una pretensión un poco más política y creo que con respecto a ellos va a ser muy difícil que los satisfaga o que ellos los endosen con legitimidad”, remarcó el historiador y magíster en ciencias políticas y quien fuera coordinador nacional de la Red de Programas Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz).

En cuanto a las propuestas presentadas por el “sí”, la FIP detectó una división que le preocupa, ya que tiene tres grupos: uno que está en la vía de tratar de desconocer el resultado del plebiscito y ver si hay una opción legal para que los acuerdos se implementen lo más cercano a lo que aprobaron el Gobierno y las FARC; uno que intenta promover un acuerdo más pragmático y está intentando mirar cuáles son los planteamientos del “no” y buscándoles salida sin irse a una gran discusión sobre la estructura del proceso de paz; y otro grupo que está mucho más ligado con la idea del gran acuerdo nacional que, según Guarín, es mucho más cercano con la idea de una constituyente nacional o de un proceso de concertación política amplio.

Las razones legales a las que se apega el primer grupo están ligadas a que en los departamentos de Magdalena y Guajira el huracán Matthew no permitió que la gente ejerciera su derecho al voto de forma adecuada y como la autoridad electoral no aceptó extender el período de votación, se generó una anomalía importante en una votación que fue reñida.

Asimismo, alegan que los comentarios del líder de la propaganda del “no”, Juan Carlos Vélez, quien reconoció que utilizaron estrategias “no muy santas” para la promoción del rechazo a los acuerdos “es una justificación jurídica de constreñimiento y engaño al elector”, detalló Guarín.

Incluso, está pendiente un examen de la Corte Constitucional a una demanda interpuesta por Centro Democrático contra el plebiscito. Para el sector del “sí” que favorece el desconocimiento de la consulta, explicó Guarín, si la Corte tumba el plebiscito entonces no serían vinculantes los efectos del “no” y el Gobierno podría empezar a implementar los acuerdos de paz.

Hay una fractura bien importante del “sí”–añadió– y cada una de esas facciones o grupos está promoviendo iniciativas que son de cierta manera discordantes o disonantes con lo que los otros están pensando, algo que no le hace un favor a calmar las aguas alrededor de una decisión que tienen que tomar muy pronto.

¿Cuánto es un tiempo que no le haga daño al proceso y a lo que se alcanzó en estos cuatro años de negociación?

Es bien difícil establecer límites concretos. Sin embargo, es importante que 2017 arranque con un panorama más claro con respecto a la implementación del acuerdo, porque en 2018 tenemos elecciones y el calendario electoral arranca finalizando el primer semestre de 2017. Si no lo logramos, de manera ineludible se nos va a mezclar el tema electoral con el acuerdo de paz y eso sí sería una muy mala noticia.

El “no” abrió muchos frentes. Si estaban dispuestos a sentarse en una comisión nacional y dialogar, por qué introducir las demandas, por qué tantas visiones no fueron consolidadas para presentarse si salían favorecidos en el plebiscito.

Los políticos del “no” han dado muestras históricas de su capacidad de movilización y de organización. Lo que veo detrás de lo que mencionas es algo sorprendente, es decir, que no tengan las propuestas, que ellos mismos hayan puesto las demandas lo que señala claramente es que se daban por perdidos, es que el “no” no tenía una estrategia de victoria, es decir, el “no” en el proceso electoral asumió ser una minoría. Mi interpretación es que su aspiración en el proceso plebiscitario era mostrar fuerza, dejar al “sí” en una posición de legitimidad recortada y poder tener el aliento político para hacer una campaña de oposición muy férrea a la implementación. Lo que nos muestra lo que sucedió es que ellos no tenían en su libreto ganar, cosa que demuestra que el resultado del plebiscito colombiano tomó por sorpresa a todo el mundo.


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