La construcción de los dos nuevos campus universitarios que tenía prevista la Universidad de Panamá (UP) todavía no se concreta.
Desde el año 2014, las autoridades de la Casa de Octavio Méndez Pereira han realizado tres actos públicos para el estudio, diseño, construcción y equipamiento del Campus de Antenas y el Centro Regional de San Miguelito, por un monto de 95 millones de dólares.
No obstante, el último acto de licitación, que fue adjudicado en agosto de 2016 al Consorcio Nuevo Campus UP, liderado por la compañía Elecnor, S.A., no fue refrendado por la Contraloría General de la República.
Eduardo Flores, rector de la UP, informó que el contrato no fue avalado por la Contraloría, porque existían “fallas insubsanables”, entre estas, que el terreno en el que se construiría el centro regional no estaba a nombre de la universidad.
Frente a este escenario, Flores precisó que será necesario realizar nuevos procesos e, incluso, confirmó que tomaron la decisión de elaborar nuevos pliegos de condiciones separados, uno para cada obra.
Agregó que la prioridad es construir el nuevo Centro Regional Universitario de San Miguelito (Crusam), debido a las condiciones “antiuniversitarias” en las que los alumnos reciben sus clases actualmente.
DESDE CERO
La situación descrita ha obligado a las autoridades universitarias a tener que empezar desde cero, dijo el vicerrector administrativo de la UP, Roldán Adames.
Añadió que la prioridad para poder ejecutar la obra en el distrito de San Miguelito es arreglar todo lo que respecta al terreno, que fue comprado por la UP a la Caja de Seguro Social en el año 2009.
Se trata de una superficie de aproximadamente 8 hectáreas y cuyo valor fue de 3.6 millones de dólares, ubicado cerca de la barriada Las Cumbrecitas, en el corregimiento Ernesto Córdoba.
Adames contó que las tierras no están tituladas a nombre de la universidad y, además, se detectó que hay unas 22 familias que han invadido el terreno.
Dijo que a medida que vayan subsanando estos problemas, trabajarán en un nuevo pliego de condiciones, que esperan publicarlo en Panamá Compra dentro de seis meses, es decir, en septiembre próximo.
CENTRO, EN PARCHES
Mientras se resuelve toda esta situación, la población universitaria del Crusam opera en medio del hacinamiento, infraestructuras deficientes y exceso de ruido.
En agosto pasado, este medio realizó un recorrido por el lugar y, tras una nueva visita hecha esta semana, no hay cambios relevantes, a excepción de algunas paredes pintadas, nuevos afiches y focos para la iluminación de los pasillos.
Filtraciones de agua, acondicionadores de aire que no funcionan, salones sin cielo raso, paredes rajadas y hasta una plaga de ratas y cucarachas son parte del lugar.
Luis Acosta, director del Crusam, contó que las instalaciones tenían originalmente 68 aulas, habilitadas para cerca de 2 mil estudiantes, pero la matrícula actual es de 4 mil 200 alumnos y el hacinamiento los ha obligado a alquilar 20 locales más.
Añadió que, al tratarse de una “zona roja”, las instalaciones son objeto de vandalismo y los estudiantes, docentes y administrativos víctimas de robos y hurtos.
“Estas instalaciones ya han colapsado y no pueden brindar lo que merecen los estudiantes”, dijo Acosta.
El entorno en el que se desarrollan las jornadas, añadió, es “altamente contaminante”, y recordó que el Crusam opera desde hace nueve años en la parte superior del centro comercial La Gran Estación, cerca de bares y casinos.
“Nos sentimos abandonados, tristes y decepcionados” respecto a la forma en que se han llevado los procesos administrativos para ejecutar este proyecto, en el que, aseguró, nunca han sido tomados en cuenta como beneficiarios finales del proyecto, ni por las autoridades anteriores ni las actuales de la administración central de la UP.
Sobre este tema, el cuerpo docente y estudiantil ha expresado que las instalaciones “no responden” a las necesidades de un campus universitario y que existen muchas carencias, entre ellas, la falta de cafetería, laboratorios, campos de esparcimiento, etc.
El hecho de que el Crusam opere en medio del ruido de los vehículos, del movimiento comercial y de comercios como casinos, bares y discotecas, “no propicia un buen ambiente”.
ANTECEDENTES
Las licitaciones que ha llevado a cabo la UP para la edificación de estos dos nuevos campus se han visto plagadas de irregularidades.
La primera vez que se subió la licitación en el portal web de Panamá Compra fue en 2014 y se suspendió para hacer correcciones al pliego de condiciones.
Posteriormente, en 2015, la licitación fue objeto de varias acciones de reclamo y los tres informes de evaluación que se presentaron fueron cuestionados por la Dirección General de Contrataciones Públicas, que al final ordenó cancelar la licitación.
Finalmente, en agosto de 2016, el proyecto fue adjudicado, pero no refrendado por la Contraloría.
Al consultarle sobre la situación, el exrector de la UP Gustavo García de Paredes señaló que ambos proyectos son necesarios, y que desconoce los motivos por los cuales la Contraloría tomó esa decisión.
Señaló que, en el caso del terreno de Las Cumbrecitas, lo único que correspondía hacer era delimitar unos linderos para legalizar la finca a nombre de la Universidad de Panamá, lo cual, dijo, no debe suponer mayor conflicto.
García de Paredes aseguró que todos los procesos que se hicieron para la edificación de estos dos nuevos campus fueron conformes a la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006 sobre contrataciones públicas, y con una amplia participación de empresas, lo cual fue validado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.