OBRA PÚBLICA

Nuevo recurso en contra del proyecto vial en la Omar Torrijos

Nuevo recurso en contra del proyecto vial en la Omar Torrijos
Nuevo recurso en contra del proyecto vial en la Omar Torrijos

Un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia presentaron ayer los residentes de las áreas revertidas del Canal de Panamá contra la “orden de hacer” impartida por el titular del Ministerio de Ambiente, Emilio Sempris, para aprobar el estudio de impacto ambiental (EIA) categoría II del proyecto de ensanche de la carretera Omar Torrijos.

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La abogada de los vecinos, Sayonara Bezemer, indicó que con la aprobación del EIA se violaron varias leyes, entre ellas, la Ley 6 de enero de 2002 [transparencia en la gestión pública], y Ley 21 de julio 2007 [planes de manejo del área canalera].

Presentan nuevo amparo para detener ensanche de la vía Omar Torrijos

Residentes de las áreas revertidas del Canal de Panamá presentaron ayer un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la “orden de hacer” impartida por el titular del Ministerio de Ambiente, Emilio Sempris –a través de la Resolución Dieora - IA - 058-2018, del 17 de mayo de 2018–, para aprobar el estudio de impacto ambiental (EIA) categoría II del proyecto de “diseño y construcción de la rehabilitación y ensanche de la carretera Omar Torrijos-Corozal-Red Tank y vía Centenario”.

El amparo, presentado por intermedio de la abogada Sayonara Bezemer, plantea que la empresa promotora CSA Group Panamá, S.A. –integrada por Astaldi- MCM– y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentaron ante el Ministerio de Ambiente (Miambiente) un EIA sin haber realizado la consulta ciudadana que ordena el artículo 24 de la Ley 6 de enero de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública de las instituciones del Estado.

Asimismo, el recurso resalta que el área aprobada para desarrollar la obra forma parte del Parque Nacional Camino de Cruces, regulado por la Ley 30 de noviembre de 1992, cuyo artículo 2 establece que dicho espacio es un bien de “Dominio público, así, no enajenabable por mandato constitucional”.

La abogada de los residentes de las áreas del Canal señaló que el amparo se basa en que durante el proceso se violaron varias normas, entre ellas, la Ley 21 de julio de 1997, que crea el Plan General y Plan Regional del Área del Canal.

El artículo 13 de dicha norma establece lo siguiente: “en atención a la evolución social y económica del país, particularmente de la región interoceánica, la Autoridad de la Región Interoceánica conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, como organismo rector del desarrollo urbano, podrá variar las categorías de ordenamiento territorial contenidas en el Plan General y Plan Regional, previa consulta con la Comisión de Asuntos del Canal de la Asamblea Legislativa, mediante ley que al efecto se dicte”.

Además, Bezemer sostuvo que se viola la Ley 6 de enero de 2002, que establece en sus artículos 24 y 25 que “las instituciones del Estado en el ámbito nacional y local tendrán la obligación de permitir la participación de los ciudadanos en todos los actos de la administración pública que puedan afectar los intereses o derechos de grupos de ciudadanos, mediante la modalidad de participación ciudadana”.

Agregó que todo proyecto de infraestructura y cambio de zonificación tiene que utilizar la consulta pública, como establece la ley, y comunicar a las personas afectadas. Sin embargo, ese proceso no se cumplió en este caso.

Por su parte, el abogado y residente de las áreas revertidas, Santander Tristán, indicó que una vez el amparo sea admitido, esperan que el proyecto, que afecta 13 hectáreas de áreas protegidas, sea suspendido.

Agregó que para llevar adelante esta ampliación debieron reformar la ley para evitar las afectaciones a terrenos del parque.

El amparo de garantías interpuesto por los residentes se suma a otras acciones legales ya emprendidas contra la obra. El pasado martes, la Asociación de Comunidades de Áreas del Canal solicitó, a través de una denuncia en el Ministerio Público, que se detenga el proyecto de ampliación de la vía Omar Torrijos que, como se dijo, lleva a cabo el MOP.

Mientras, la Fundación Ciudad del Saber interpuso el pasado 2 de agosto ante la  CSJ un recurso de habeas data, y el 26 de octubre una acción de amparo, con el fin de que se revoque la orden de proceder del ensanche de la vía Omar Torrijos.

Frente a la situación que surge alrededor del proyecto, este medio consultó al MOP, pero informó que no emitirá comentarios por el momento, ya que esa documentación no ha llegado aún a la entidad.

Por su parte, a Miambiente se le realizaron las consultas correspondientes sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

(Con información de Juan Manuel Díaz).

 

 

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