El nuevo decreto migratorio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentó su primer obstáculo judicial, después de que un juez federal suspendiera la aplicación de la medida para la esposa y la hija de un refugiado sirio.
En paralelo, varias organizaciones defensoras de los derechos cívicos y de los refugiados anunciaron que enviarán un recurso a la justicia contra el decreto, que será examinado el 15 de marzo próximo, la víspera de su entrada en vigor.
El juez federal de Wisconsin, William Conley, impidió el pasado viernes en un fallo preliminar que se prohíba la llegada de la esposa y la hija de este refugiado sirio, al considerar que corren “el riesgo de sufrir un daño irreparable” si se aplica el decreto de Trump, que niega la admisión de refugiados a Estados Unidos durante 120 días.
El demandante, un musulmán suní que huyó de la guerra en Siria en 2014 para evitar una “muerte casi asegurada”, según los documentos enviados al tribunal, recibió el estatuto de refugiado en Estados Unidos, y luego presentó la demanda de asilo para su esposa e hija, quienes permanecen en Alepo.
Su solicitud estaba a punto de recibir luz verde cuando se vio obstaculizada por el decreto antiinmigratorio de Trump, que también prohíbe la entrega de visados durante 90 días a ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.
Aunque la decisión del juez Conley se aplica únicamente a este sirio y a su familia –cuya identidad quisieron preservar–, tiene una fuerte carga simbólica, al ser la primera medida judicial contra esta nueva orden ejecutiva de Trump, una versión modificada del decreto implementado el pasado 27 de enero. Este fue suspendido el 3 de febrero por un juez federal de Seattle, después de que provocara una ola de indignación dentro y fuera del país.
De acuerdo con la decisión del magistrado, los argumentos del demandante “tienen posibilidades de ser validados”, principalmente porque si la familia tiene que permanecer en Siria, puede sufrir “un daño irreparable”.
El juzgado de Wisconsin estableció una audiencia para el 21 de marzo y, admitiendo posibles “diferencias importantes” entre las dos versiones del decreto, indicó que los argumentos que favorecen la suspensión podrían ser confrontados por “otros tribunales”.
Por otra parte, organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y varios estados como Washington, Maryland, Massachusetts, Minesota, Nueva York, Oregón y Hawái, emprendieron una batalla legal contra el decreto anunciando o introduciendo nuevos recursos en los tribunales federales.
Tanto este nuevo decreto como el anterior estuvieron “motivados por un sentimiento antimusulmán y discriminatorio basados explícitamente en los orígenes nacionales”, denuncian estas asociaciones.
La ACLU y el National Immigration Law Center interpusieron un recurso en nombre del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados y el grupo de reasentamiento de refugiados HIAS, así como de varias personas. Tanto el Gobierno como los detractores del decreto afinan sus argumentos de cara a las audiencias previstas el 15 de marzo.
