La Organización de Estados Americanos (OEA) postergó ayer una decisión sobre cómo inyectar más recursos a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahogados financieramente, a pocos días del límite para fijar el presupuesto de 2017.
Los dos principales órganos de derechos humanos en las Américas pidieron a la OEA la adecuación del fondo regular para garantizar que los 34 países miembros del ente sean sus principales financiadores. De esa manera buscan limitar su dependencia de fondos especiales –contribuciones voluntarias de los países miembros o donaciones de cuerpos externos a la región–, que hasta que se desplomaron este año constituían aproximadamente la mitad de su presupuesto.
El comisionado James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH ), dijo ante el Consejo Permanente que la propuesta presupuestaria de ambos órganos es “realista” y, apelando a una metáfora futbolística, señaló que “la pelota” está ahora en el terreno de los países miembros.
La propuesta busca duplicar la asignación regular anual de los países de la OEA al sistema interamericano de derechos humanos a $18.2 millones: $11.2 millones para la CIDH, con sede en Washington, y $6.9 millones para la Corte, en San José.
Para el magistrado Roberto Caldas, presidente de la Corte, esa estimación “nos mantendría en la capacidad” alcanzada, pero no es ideal. “Necesitamos mucho más”, advirtió a los embajadores.
La Comisión y la Corte, que en ocasiones son los últimos refugios fuera de sus países para víctimas de violaciones de derechos humanos, no suelen ser querubines de los gobiernos. Pero en el debate, los Estados reconocieron el valor de ambos organismos, abogando prácticamente en consenso por duplicar los fondos. Incluso, Ecuador, un duro crítico de la Comisión, se sumó a los apoyos.
Una propuesta de resolución de México planteó inyectar recursos nuevos para “duplicar” el fondo regular de la OEA a los órganos de derechos humanos “en un plazo máximo de dos años”. Esa iniciativa requerirá negociaciones con los pesos pesados de la OEA: para Estados Unidos significaría un desembolso de cinco millones, y un millón cada uno para Brasil y Canadá.
Menos ambiciosa, Argentina presentó una duplicación de recursos de la CIDH y la Corte en 2017, pero a través de la reasignación de fondos ya existentes.
“La nuestra va a lo inmediato, 2017, y la de México va a algo que también aspiramos desde siempre, que es encontrar una solución sustentable y previsible para el sistema”, dijo el representante argentino, Julio César Ayala, considerando “complementarias” estas iniciativas.
El embajador colombiano, Andrés González, reconoció que “la pelota está del lado de los Estados”, mientras que el brasileño José Luiz Machado subrayó la necesidad de un “juego en equipo”.
En cualquier caso, la decisión se torna urgente, pues la OEA debe aprobar su presupuesto de 2017 el 31 de octubre, en 12 días. Pero, tras horas de discusiones, los países abandonaron la sala sin adoptar una propuesta, extendiendo el debate a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios y a un próximo Consejo Permanente, previsiblemente la semana próxima.