La lacra de abusos sexuales que hundió la reputación de la jerarquía eclesial chilena, al constatarse que durante años se destruyeron pruebas y encubrieron a los responsables, tuvo su primera consecuencia: el episcopado país andino renunció en bloque.
“Era conveniente declarar nuestra más absoluta disponibilidad para poner nuestros cargos pastorales en manos del papa”, anunciaron en una rueda de prensa sin preguntas el secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile y obispo auxiliar de Santiago, Fernando Ramos, y el obispo de San Bernardo, monseñor Juan Ignacio González. Se trata de un paso atrás inédito en la historia de la Iglesia que, además de suponer una asunción de culpa por parte de los obispos, pone al papa en una difícil tesitura: o descabeza por completo la cúpula católica en Chile o podría enfrentar críticas a su gestión.
Francisco deberá decidir si acepta todas las renuncias o, por el contrario, solo alguna de ellas, lo que de algún modo confirmaría el grado de implicación y responsabilidad de cada prelado en los casos. La espinosa criba de responsabilidades podría prolongarse en el tiempo.
La suspensión podría tener carácter inmediato o podría entrar en vigor cuando el pontífice encuentre un sustituto.
El informe secreto de 2,300 folios que los enviados pontificios a Chile, el español Jordi Bertomeu, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y Charles J. Scicluna, arzobispo de Malta, entregaron a Bergoglio hace más de un mes dejaron en estado de putrefacción el prestigio de los obispos chilenos. Entonces se accionó la maquinaria. Tras haber defendido con ahínco durante su viaje a Chile al obispo de Osorno, Juan Barros, principal acusado de encubrir los abusos del expárroco Fernando Karadima, el papa dio un giro radical en la gestión del caso.
Solo hay que ver lo que les dijo a los obispos chilenos nada más recibirlos en el Vaticano el pasado martes. “Mis enviados han podido confirmar que a algunos religiosos expulsados de su orden a causa de la inmoralidad de su conducta y tras haberse minimizado la absoluta gravedad de sus hechos delictivos atribuyéndolos a simple debilidad o falta moral (…) se les habrían confiado cargos diocesanos o parroquiales que implican un contacto cotidiano y directo con menores de edad”, expresa en un documento privado que fue filtrado por la televisión chilena Tele 13.
El pontífice dice sentir “vergüenza” por las declaraciones que “certifican presiones ejercidas sobre aquellos que debían llevar adelante la instrucción de los procesos penales o incluso la destrucción de documentos comprometedores por parte de encargados de archivos eclesiásticos, evidenciando así una absoluta falta de respeto por el procedimiento canónico y, más aún, unas prácticas reprobables que deberán ser evitadas en el futuro”.
Para Bergoglio, que enfrenta uno de los retos más peliagudos de su pontificado, es necesario “ir más allá” de la remoción de personas para solucionar la crisis. Todo apunta a que la primera cabeza que caerá será la del obispo Barros.