La empresa Ocean Pollution Control (OPC) perdió una batalla legal, luego de que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia no acogió una petición para declarar ilegal una resolución de la Autoridad Marítima de Panamá, que le permite determinar la tasa a cobrar por el servicio de recolección de contaminantes ocasionados por los barcos que atracan en los puertos nacionales.
La Sala Tercera rechazó la demanda de OPC y un reclamo de $35 millones como indemnización por dineros no percibidos.