En la recepción del noveno piso de la sede del Grupo Odebrecht, en Sao Paulo, el tiempo parece haberse detenido. Las revistas sobre las mesas tienen fecha, como máximo, de inicios de 2015 y aún retratan el dinamismo de la época. Desde grandes proyectos en Caracas, Venezuela, a la hidroeléctrica de Laúca, en Angola, pasando por el recorrido ecológico trazado a orillas del río Guayllabamba, en Ecuador, que incluye la central hidroeléctrica de Manduriacu, las preocupaciones giraban en torno a la sustentabilidad del medio ambiente.
En los tres años siguientes, la mayor constructora de América Latina pasó del cielo al infierno por las investigaciones de la operación Lava Jato. Su principal ejecutivo cayó preso, reconoció haber pagado sobornos a cambio de negocios en 12 países y firmó un acuerdo por el cual deberá desembolsar unos $996 millones –$786 millones de ellos en Brasil–, en 23 años. La firma pidió perdón, pero aún no fue perdonada.
Según el último balance del grupo, hasta fines de 2017 había cerrado acuerdos con Panamá, República Dominicana, Ecuador y Guatemala, además de convenios con las autoridades estadounidenses, suizas y brasileñas. Hay acuerdos preliminares y colaboraciones en curso también en Perú, México y Angola. Al mismo tiempo, a la empresa todavía se le impide ser contratada por el sector público en Perú, México y Ecuador.
En Argentina, Odebrecht sigue sin poder prestar nuevos servicios al sector público, y la negociación continúa trabada. Faltan leyes que regulen la lenidad y sobra temor de políticos y contratistas locales, recelosos de lanzar al país a un caldero anticorrupción, semejante a lo que ocurre en Brasil y que arrastra a políticos de varios partidos.
La cartera de proyectos de Odebrecht, que se desplomó de $33 mil 700 millones en junio de 2014 a $14 mil 400 millones en septiembre de 2017, recién ahora comienza a recomponerse. Tras más de un año sin nuevas obras, el grupo anunció tres contratos en Brasil, dos de los cuales son en el sector público. Fue contratada para ampliar la capacidad termoeléctrica de Santa Cruz, en Río de Janeiro (por unos $151 millones), construir el sistema integrado de transporte de Belén, en Pará ($137 millones) y realizar los estudios necesarios para la construcción de un puerto marino privado al norte de Espírito Santo, con una inversión prevista de poco más de $550 millones.
En el exterior, Odebrecht dice que está disputando obras presupuestadas en $70 mil millones. Sin embargo, el único proyecto divulgado es la construcción de una hidroeléctrica de $3 mil millones en Tanzania, donde la empresa no fue afectada por el escándalo.
En Panamá –donde acumuló proyectos estatales por $9 mil millones–, la firma fue vetada por el Consejo de Gabinete el 27 de diciembre de 2016. Pero después que el principal ejecutivo de Odebrecht en el país, André Rabello, admitió haber pagado sobornos a cambio de proyectos de infraestructura pública y pactó un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público, la firma –que fue sancionada con una multa de $220 millones, que deberá pagar en 12 años– ha vuelto a los actos de licitación. Un oficio del Juzgado Duodécimo Penal deja constancia que Odebrecht no está inhabilitada para contratar con el Estado.
Recientemente, la empresa envió sus representantes a dos actos de homologación convocados por el Metro de Panamá: uno para adjudicar la extensión de la línea 1 a Villa Zaíta, y otro para un ramal que conectará la línea 2 con el aeropuerto de Tocumen.
Menos suerte ha tenido con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que descalificó sus ofertas –por incumplir los requisitos técnicos mínimos– para rehabilitar calles en los distritos de Panamá y Pesé. Los contratos eran por $41 millones y $28.6 millones, respectivamente.
En Estados Unidos –donde fueron definidas las bases para un acuerdo de lenidad con la justicia–, Odebrecht sigue con cuatro obras que ya estaban en curso; tres en el sector vial y una en el aeropuerto de Miami. Pero en marzo pasado, cuando se desmoronó un puente peatonal de 864 toneladas y 53 metros de largo, que unía el campus de la Universidad Internacional de Florida con el barrio vecino de Sweetwater, la constructora fue llamada a trabajar en la remoción de los escombros, lo que da indicios de que la relación comercial prosigue.
Con una deuda de unos $2 mil 800 millones, Odebrecht enfrenta también una crisis financiera. La constructora cerró un acuerdo en mayo con cinco bancos y consiguió una línea de crédito de $655 millones. Con el préstamo, logró retirar bonos emitidos en el exterior y que habían vencido en abril, por unos $131 millones.
Sin embargo, el mayor desafío es recuperar su reputación para reabrir los mercados en el exterior. Antes de la operación Lava Jato, la diversidad geográfica de las obras ayudaba, incluso, a reducir el impacto del aumento de los costos. De los 14 países donde la empresa mantenía oficinas en 2014, apenas tres estuvieron fuera de la Lava Jato: Portugal, Emiratos Árabes y Libia.
En los países donde el grupo aún debe firmar acuerdos con la justicia, las trabas políticas se mezclan a los impass causados por la legislación local. Es el caso, por ejemplo, de Perú, donde el acuerdo preliminar con el Ministerio Público fue consolidado en enero de 2017, la colaboración está en pleno funcionamiento, pero la ley impedía nuevas contrataciones a empresas que hubieran reconocido la práctica de ilícitos. Recién en marzo pasado el país aprobó una nueva ley, que amplía el poder del Ministerio Público y permite que los acuerdos incluyan beneficios a las empresas, como la rehabilitación para nuevos negocios.
Las leyes peruanas dificultan incluso la capacidad de Odebrecht de deshacerse de activos. La empresa ya firmó contrato para la venta de la hidroeléctrica de Chaglla y el proyecto de irrigación Olmos, pero aún espera la reglamentación de la nueva ley, que somete a la aprobación del Ejecutivo la transferencia a terceros de activos de empresas en proceso de colaboración con la Justicia.
Las peculiaridades de cada país vuelven todavía más lento el proceso de negociación y, además, las denuncias por corrupción terminaron por generar cuestionamientos al valor de los contratos.
En República Dominicana, por ejemplo, donde ya se firmó un acuerdo de lenidad, hay resistencia de las autoridades locales en aceptar un adicional de $708 millones en la obra de la hidroeléctrica de Punta Catalina. Otras cinco obras de la constructora brasileña en el país siguen sin problemas, como carreteras y el acueducto Hermanas Mirabal.
En Ecuador, donde también se cerró un acuerdo, Odebrecht entregó las obras del oleoducto Pascuales-Cuenca en febrero de 2017, pero aún no ha cobrado por el proyecto.
Según Odebrecht, la estatal ecuatoriana acumula una deuda contractual de $50 millones desde 2015.
En Colombia, Odebrecht devolvió, en virtud de un acuerdo, su participación en dos concesiones: Ruta del Sol y Río Magdalena. Como ya había realizado inversiones, recurrió al arbitraje para recuperar cerca de $780 millones adeudados por el gobierno local.
Sin nuevos contratos, Odebrecht entrega dentro del plazo las obras pagadas, pero su cartera acumula contratos que presentan atrasos en el pago, dificultando el flujo de caja.
Es el caso de Venezuela. Inmerso en una crisis económica y política, el país tiene una posición relevante en la lista de obras de la constructora brasileña. Son 10 proyectos en ejecución, que van a un ritmo muy lento. Sin dinero, el gobierno de Nicolás Maduro también perdió el financiamiento del Bndes –el Banco de Desarrollo de Brasil–, patrocinado por el gobierno del PT. Solo dos de las obras –la línea 5 del metro en Caracas y la línea 2 del metro de Los Teques– perdieron cerca de $315 millones de recursos del banco de fomento brasileño.
(Con información de medios del GDA y colaboración de La Prensa de Panamá, Prensa Libre de Guatemala y El Día de República Dominicana).
