El contrato del proyecto de desarrollo urbano en Colón por $569 millones y el de la segunda línea del Metro, por $1,857 millones, elevaron a más de $9 mil millones la cartera de proyectos en los que participa Odebrecht en Panamá.
El refrendo de ambos contratos los hizo la Contraloría General de la República en medio del escándalo que había estallado en Brasil y que desencadenó con la detención del entonces presidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, acusado de liderar supuestamente un cartel de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Desde ese momento, el caso tuvo efectos en la situación financiera de Odebrecht, ya que las agencias internacionales de calificación de riesgo le rebajaron la nota a la compañía y varios países de la región comenzaron a revisar los contratos que tenían con la constructora.
En Panamá, distintos sectores de la sociedad han cuestionado la participación de esta empresa en proyectos millonarios, pese a las denuncias e investigaciones internacionales sobre supuestos actos de corrupción que enfrenta.
Algunos sectores consideran que es uno de los aspectos que se debía considerar para las reformas a la Ley 22 de Contrataciones Públicas que se comenzaron a discutir en la Asamblea Nacional.
Se necesita encontrar la fórmula jurídica para evitar que empresas sobre cuyos gerentes o dueños pesan cargos y detenciones por temas de corrupción participen en licitaciones para proyectos en el país, aseguran representantes de la sociedad civil.
La propuesta que está en primer debate en la comisión legislativa de Economía y Finanzas solo se limita a señalar que no podrán contratar con el Estado las empresas que hayan sido declaradas judicialmente responsables por la comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, terrorismo, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados. No se incluye a quienes estén siendo investigados por actos de corrupción.