La constructora brasileña Odebrecht pidió a Ecuador que no le impusiera multas como condición para entregar información sobre los supuestos sobornos por 33.5 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos, informó la Procuraduría ecuatoriana.
“La empresa pretendía que, como consecuencia del acuerdo, no se les pueda exigir información adicional, ni se les pueda imponer ningún tipo de indemnización, multa o pago de cualquier concepto”, señaló el organismo en un comunicado el pasado jueves.
“Esto ha sido rechazado y no se incluirá en un posible acuerdo” para la entrega de información, agregó la Procuraduría, entidad que representa judicialmente al Estado ecuatoriano.
La Procuraduría indicó que Odebrecht también “pretendía llegar a un acuerdo, sin entregar información alguna, en el cual el Estado ecuatoriano declare que todos los procesos contractuales realizados cumplieron con las normas internas de contratación pública”.
El procurador general del Estado, Diego García, y el fiscal nacional, Galo Chiriboga, se reunieron con representantes y abogados de Odebrecht el pasado martes y miércoles en Washington, Estados Unidos, con miras a lograr un acuerdo de cooperación penal para obtener toda la información sobre los presuntos sobornos.
Ecuador también planteó una indemnización no cuantificada por los “daños que hayan generado los actos ilícitos que cometió la empresa”, según la Procuraduría.
“Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas no han firmado ningún tipo de acuerdo con la empresa, y han exigido a Odebrecht que entregue de manera completa y detallada toda la información que previamente fue suministrada a las autoridades de la Fiscalía de Brasil y el Departamento de Justicia de Estados Unidos”, agregó.
La justicia ecuatoriana no ha involucrado a nadie en la investigación por la corrupción propiciada por Odebrecht para obtener contratos, que es investigada por la Fiscalía Nacional tras la revelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de que la constructora pagó entre 2007 y 2016 unos 33.5 millones de dólares a funcionarios.
La Procuraduría anotó que un acuerdo con la compañía brasileña “será posible solo en el evento de que la empresa cumpla con la entrega de información detallada y que se someta a las condiciones establecidas por el Ecuador”.
Desde que estalló el escándalo de sobornos de la constructora, la justicia ecuatoriana bloqueó pagos por 40 millones de dólares a Odebrecht para garantizar una indemnización al Estado, y prohibió temporalmente a las instituciones estatales hacer más contratos con la compañía brasileña.
Brasil suministrará a Ecuador datos sobre los supuestos sobornos a partir de junio próximo, tras cumplirse el plazo de un secreto judicial con Odebrecht, de acuerdo con Chiriboga.
El pasado sábado, el presidente ecuatoriano Rafael Correa también aseguró que la constructora pretendía que para entregar la lista de funcionarios sobornados, no se iniciara ninguna acción civil o penal en contra de Odebrecht y que pudiera seguir operando en el país.
“Esto es inconstitucional. El fiscal y el procurador no pueden comprometer a otras funciones, como la Contraloría General o a los jueces”, manifestó Correa en alusión a que lo exigido por la compañía brasileña contravenía las normas legales de Ecuador.
Por su parte, la Fiscalía ecuatoriana aseguró que continuará con las investigaciones de las ramificaciones del caso Odebrecht en el país, a través de “la cooperación penal internacional y otros mecanismos de investigación”.
(Con información del diario ‘El Comercio’ de Quito y la agencia AFP)
Colombia declara caducidad de concesión otorgada a Odebrecht
Colombia declaró la caducidad de un contrato de $851 millones con el consorcio Navelena, liderado por la brasileña Odebrecht, con el que proyectaba recuperar la navegabilidad del río Magdalena, informó el Gobierno.
La decisión se adoptó el pasado jueves, después de que la constructora, que enfrenta acusaciones de corrupción en Colombia y otros países de América Latina, no presentó un respaldo financiero para desarrollar el proyecto y debió ceder la concesión.
La decisión fue objeto de un recurso de reposición por parte de Navelena y el próximo 3 de abril deberá sustentar la apelación. “Nosotros tenemos que darles a ellos el tiempo para que presenten su recurso”, dijo el director ejecutivo encargado de la gubernamental Corporación
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), Luis Fernando Andrade, quien reveló que a
Navelena se le impuso una multa de más de $18 millones por incumplir la ejecución del contrato.
Odebrecht, que controla un 87% del consorcio Navelena, decidió en diciembre mantener la mayoría de su participación, luego de que el Banco Sumitomo le ofreció $250 millones para financiar el proyecto, una decisión que reversó a fines de enero pasado, en medio del escándalo de corrupción.
El proyecto del Magdalena busca incrementar el transporte de carga en el río a cerca de 10 millones de toneladas para 2029, en un intento por reducir costos e impulsar las exportaciones de productores de materias primas y compañías agrícolas.
Navelena, que también incluye al colombiano Valorcon, buscaba beneficiarse de su inversión en el proyecto a través de tarifas de peaje durante siete años después de completar la modernización de la hidrovía de 908 kilómetros.