La empresa brasileña Odebrecht, involucrada en varios escándalos de corrupción en América Latina, anunció ayer lunes que impugnará las sanciones que le impuso el Gobierno mexicano, en las que la inhabilitó para celebrar contratos con dependencias gubernamentales.
En respuesta, la Secretaría de la Función Pública de México sostuvo que la firma sudamericana si bien expresó su intención de colaborar con el Gobierno mexicano para esclarecer los hechos, nunca presentó ni precisó los requisitos legales de su cooperación y confesión de responsabilidad ni elementos de prueba para obtener el beneficio de reducción de sanciones que prevé la ley anticorrupción mexicana.
“Odebrecht México rechaza categóricamente las consideraciones e impugnará mediante todos los recursos legales el contenido, alcances y efectos de dichas sanciones”, indicó la empresa en un desplegado publicado en diarios de circulación nacional.
La compañía agregó que las sanciones “son totalmente infundadas e improcedentes”.
La semana pasada, el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), inhabilitó a dos unidades de Odebrecht para participar en contrataciones públicas por dos años y seis meses. También inhabilitó a dos funcionarios de Odebrecht: Gleiber José de Faria, director de Finanzas de la empresa, y a Luis Alberto de Meneses, titular de la compañía en México.
Este último dijo a las autoridades brasileñas que Emilio Lozoya, exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos y cercano al presidente Enrique Peña Nieto, recibió más de $10 millones en sobornos de la empresa. Lozoya se ha declarado inocente de las acusaciones.