En los últimos días, los ecologistas obtuvieron una victoria, pero también un revés en su lucha para proteger el Parque Nacional Coiba, en Veraguas.
Primero, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió provisionalmente el numeral 8 del artículo 10 del Reglamento del Consejo Directivo de Coiba, tras una demanda de nulidad interpuesta por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).
Dicho numeral le permitía al presidente del Consejo Directivo de Coiba, en este caso, el ministro de Ambiente, Emilio Sempris, gestionar el fondo Coiba, de unos $3 millones.
Pero los grupos ambientalistas, entre ellos el CIAM y la Fundación Mar Viva, esta última representante de las oenegés ante el Consejo Directivo, consideraron que la utilización de ese recurso debe requerir de la autorización de más miembros del organismo administrador de Coiba.
De hecho, en la directiva hay ediles de varios municipios de Veraguas, oenegés, la Universidad de Panamá, Ministerio de Ambiente, entre otras entidades.
Por otra parte, esta semana, la CSJ decidió no conceder un amparo de garantías que el CIAM presentó contra la resolución que aprobó el estudio ambiental para la rehabilitación de una pista de aterrizaje en Coiba por parte del Ministerio de la Presidencia.
Los ecologistas rechazan esta obra, porque generaría presión en la zona. Incluso, técnicos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura señalan que esa obra debe estar orientada a mejorar la seguridad para aterrizaje y despegue, principalmente de personal dedicado a tareas de monitoreo y vigilancia, sin que ello signifique un incremento de vuelos a la isla.