Eran cerca de las 4:00 p.m. del pasado jueves 16 de marzo, cuando la abogada Cristina López recibió una llamada a su despacho, donde se le informaba que su mensajero Daniel Espinosa estaba retenido en la estación de la Policía Nacional, ubicada en San Francisco.
No le explicaron cuál era el motivo, pero la abogada llegó rápidamente a la sede de la Policía, debido a que su oficina se encuentra en el mismo corregimiento.
Todo ocurrió, luego de que ese jueves en horas de la mañana dos sujetos a bordo de una motocicleta le propinaron varios disparos al carro en el que viajaba un ciudadano de nacionalidad irlandesa. El hecho ocurrió específicamente a la altura del semáforo entre Multiplaza y el Hospital Punta Pacífica.
Esto provocó que cerca del mediodía la Policía Nacional (PN) iniciara un operativo para dar con los sujetos. No obstante, durante el despliegue policial, que no fue anunciado, se violó el derecho a la libre circulación, según explicaron algunos abogados.
López narró a este medio que cuando se acercó a la sede policial de San Francisco para conocer la situación de su mensajero, ninguno de los agentes de la Policía que se encontraban en el lugar supo explicarle por qué estaba retenido. “Cuando llegué vi cerca de 50 motorizados retenidos. Estaban en un limbo jurídico, no podían salir porque le tenían sus motos, que son propiedad privada, y sus documentos de identidad bajo custodia de la Policía. Imagínese, en medio de esa circunstancia nadie puede irse”, contó.
La Constitución señala en su artículo 21 que “nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley...” . Mientras que en el artículo 22: “toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes...”. “Nadie puede ser privado de su libertad, si no es por autoridad competente, y siempre y cuando esté investigado por alguna causa”, dijo la abogada.
Quien también cuestionó la retención masiva fue el abogado Silvio Guerra. “Esto me pareció irreverente a la Constitución y al derecho penal panameño. Se dio una flagrante violación de la libertad de tránsito y derechos ciudadanos”, señaló. López narró que fue “el mayor Gordón, a eso de las 6:00 p.m., que explicó que era un operativo nacional porque hubo un intento de homicidio a un irlandés”. Los motorizados pudieron abandonar la sede de la Policía a eso de las 7:00 p.m.
El director nacional de Operaciones del Tránsito, Javier Fanuco, dijo a SERtv que se retuvo a los motociclistas para verificar su documentación, estatus y demás. Contó a este medio que prestó personal de su departamento para el operativo de la Policía.