Es una obligación para Costa Rica acatar la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que favorece al matrimonio entre dos personas del mismo sexo, asegura el presidente de ese país, Luis Guillermo Solís.
En entrevista con este medio, Solís afirma que en la política local de su nación, el derecho internacional “es un tema medular”. Añadió que ya están adecuando las leyes para acoger la opinión del tribunal internacional.
“Hay leyes, reglamentos, normas, que hay que ajustar, y la sociedad poco a poco tiene que asimilar esta nueva circunstancia. El acatamiento es de orden obligatorio para el Gobierno”, dijo.
LA DESPEDIDA DE UN PRESIDENTE
Probablemente, esta sea la última visita que haga Luis Guillermo Solís a Panamá como presidente de Costa Rica. En mayo próximo entregará el poder a uno de los dos candidatos que libran un duelo por los votos de los ticos: el predicador Fabricio Alvarado y el oficialista Carlos Alvarado.
El primero, ultraconservador, con una diatriba de rechazo a los derechos de las minorías. El segundo lidia con el estigma de los errores del actual gobierno. En esta disyuntiva gravita una campaña polarizada por el debate sobre el matrimonio igualitario. Panorama que tiene perplejos a los politólogos y que, en palabras de Solís, es un escenario “insospechado”.
PERFIL.
El mandatario habla de lo que les deja a los costarricenses, y se refiere a la opinión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) a favor del matrimonio igualitario. Parece inclaudicable: acatarán lo que dice este tribunal. “Para nosotros es muy importante hacerlo, porque somos un país donde el derecho internacional es un tema medular”, dice.
Se va en mayo, ¿qué legado le deja a Costa Rica?
Un país con menos pobreza, con mejor nivel de empleo. Con un crecimiento que ha rondado el promedio del 4% cada año, que es casi el doble del promedio latinoamericano, menos que el de Panamá, pero importante. Dejamos un país con una economía estable que solo tiene que lidiar con un problema de déficit y de deuda. Lo demás está controlado.
¿Y el déficit?
Estamos con un problema de déficit y de deuda. Estamos en negociaciones con la Asamblea, que desde hace meses tiene los proyectos que envió el Ejecutivo. Hemos señalado la urgencia de que en esta legislatura se concluya la reforma fiscal. Esperamos que se llegue a un acuerdo para que se apruebe en primer debate, lo que facilitaría que el próximo gobierno entre con una situación un poco mejor que la que tenemos en este momento.
En 2014, cuando asumió el gobierno, usted prometió que viviría en una casa de cristal. ¿Cumplió esa promesa?
Creo que sí. Tenemos un gobierno abierto que ha sido auspiciado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, y están los programas de transparencia en la gestión pública que han sido catalogados como de los mejores de América Latina. La percepción de corrupción del país nos coloca solamente debajo de Uruguay en el territorio latinoamericano. En el mundo estamos en el número 36, eso es 9 lugares por sobre donde estábamos en 2014. Las instituciones de justicia están funcionando (...) y, particularmente, con un caso que tuvimos álgido en el mes de octubre.
¿El cementazo que involucró a un empresario muy cercano a su gobierno?
Todo eso está judicializado. Hemos facilitado todos los procesos para que se investigue hasta sus últimas consecuencias. Creo que el país, en ese sentido, sigue siendo muy confiable para la inversión, como lo demuestran los números.
¿Qué herramientas les dio a los ciudadanos para que fiscalizaran su gestión?
Acceso a la información. Me parece que esa es la más importante. Hemos hecho un gran esfuerzo en el país para que los ciudadanos, por medio de las páginas web de los ministerios y de las instituciones en general, tengan acceso a los regímenes de salarios, a la forma en que se gestionan los contratos, a las listas de proveedores. Todo lo que se requiere para tener una gestión transparente.
En las elecciones, ¿qué aspectos de la cultura política de Costa Rica considera que definieron el escenario?
Es un escenario insospechado, que no tiene precedentes. El último debate sobre religión en política se dio a finales del siglo XIX, y no con la participación de iglesias no católicas, sino con la Iglesia católica. Esto llevó a un conflicto de poderes muy importantes. Este escenario es nuevo. Se ha producido una gran coalición de fuerzas sociales y políticas en segunda ronda, en torno a la candidatura de Fabricio Alvarado, que viene de sectores religiosos pentecostales; y está el candidato que proviene del partido de gobierno. En ese debate se reflejan los valores liberales y más tradicionales de la política latinoamericana. Hoy se ve amenazada seriamente la posibilidad de la sucesión. El Poder Ejecutivo está vedado de tomar parte en el debate, pero me parece que desde el punto de vista del análisis político, lo que ocurre es muy interesante.
¿La opinión de la Corte IDH con respecto al matrimonio igualitario definió este panorama?
Sin duda, es un factor muy importante, porque es el punto de encuentro que hace que se coliguen todas estas fuerzas. Probablemente, no es el único factor, porque las iglesias pentecostales, que constituían el apoyo fundamental al candidato del Partido Renovación Nacional, existían desde antes del fallo. Lo nuevo es que ese factor precipita un debate en el país que permite que todos estos sectores encuentren un punto de alianza política y se expresen.
Impulsó el seguro para parejas del mismo sexo. ¿Cuál es su opinión del matrimonio igualitario?
El Gobierno siempre se pronunció en favor de lo que en Costa Rica llamábamos sociedades de convivencia, que no implicaba el matrimonio como figura para la obtención de derechos patrimoniales. Con ese concepto fuimos a la campaña política y fuimos electos. Y ese concepto ha prevalecido en la política de gobierno: garantizar los derechos a toda la población por un asunto de respeto a los derechos humanos, pero no favoreciendo al matrimonio, que considerábamos como una institución que no necesariamente tenía que participar en esa posición de derechos. La Corte ha resuelto otra cosa, y es una obligación para el gobierno de la república.
¿Acatarán la opinión de la Corte IDH?
Sí, claro. Para nosotros es muy importante hacerlo, porque somos un país donde el derecho internacional es un tema medular de su política local. Y porque creemos que, siendo parte del pacto de San José, tenemos esa obligación.
¿Trabajan en adecuar las leyes?
Sí, ya las instituciones están haciendo todo con la gradualidad que se requiere. No podemos hacer estos cambios de un momento a otro. Hay leyes, reglamentos, normas que hay que ajustar, y la sociedad poco a poco tiene que asimilar esta nueva circunstancia. El acatamiento es de orden obligatorio para el Gobierno.