La alianza opositora de Nicaragua aseguró ayer que la represión a las protestas, a la libertad de prensa y la negativa de liberar a todos los “presos políticos” impiden retomar el diálogo con el gobierno de Daniel Ortega para buscar salida a la crisis que vive el país.
“No hay condiciones para continuar la negociación” con el Gobierno, declaró la abogada Azahálea Solís, de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
La oposición paralizó el lunes las negociaciones que sostenía con la comitiva oficial desde el 27 de febrero, en protesta por la violenta represión policial del sábado contra manifestantes y periodistas, que dejó más de 100 detenidos que después fueron liberados.
La delegación de la ACJD se presentó ayer a la sede de las conversaciones, en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, al sur de la capital, pero no se reunió con el Gobierno.
“Se pidió al enviado de la OEA [Luis Ángel Rosadilla] y al nuncio [Stanislaw Sommertag] que sirvan de facilitadores para que el gobierno dé muestras de voluntad” para alcanzar acuerdos, explicó Solís.
Señaló que su demanda “está íntimamente ligada con la libertad” de centenares de personas detenidas por participar en las protestas que estallaron en abril pasado contra el gobierno.
Piden, además, la libertad absoluta de los 150 opositores que fueron beneficiados el último mes con reclusión domiciliaria, cuyos juicios y condenas siguen vigentes y sus residencias son asediadas por la Policía.
OEA
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró en Twitter que para que el diálogo avance “de buena fe” se debe liberar a todos los “presos políticos” identificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El gobierno no se pronunció ayer sobre el nuevo impasse que afecta las negociaciones, iniciadas en medio de una fuerte presión internacional sobre el gobierno de Daniel Ortega.
Empresa privada
Los empresarios, que tienen un peso importante en la alianza opositora, consideraron que la represión del sábado demostró una “falta de voluntad política” del gobierno para dialogar.
“Nos encontramos ante un estado policial que no permite el ejercicio de los derechos constitucionales fundamentales de todos los nicaragüenses”, reprochó el Consejo Superior de la Empresa Privada en un comunicado.
La oposición anunció la agenda que proponen discutir con el gobierno cuando se reanuden las conversaciones, en la que sobresale la petición de adelantar los comicios de 2021, punto de conflicto con Ortega, quien ha dicho que no está dispuesto a recortar su tercer mandato sucesivo.
