Una de las principales opositoras a la sangrienta guerra contra las drogas del presidente de Filipinas Rodrigo Duterte se refugiaba ayer en el Senado a la espera de ser detenida acusada por la justicia filipina de tráfico de droga.
La noticia del inminente arresto de la senadora Leila de Lima suscitó la indignación de sus partidarios y de las organizaciones pro derechos humanos, que acusaron al Gobierno de fabricar cargos de tráfico de drogas contra ella para silenciar sus críticas e intimidar a otros opositores de Duterte.
La abogada de 57 años, que pasó casi una década tratando de vincular al actual presidente con escuadrones de la muerte supuestamente responsables de miles de asesinatos, se enfrenta a la cadena perpetua si es hallada culpable por los cargos de los que se le acusa.
“No tengo intención de huir ni de esconderme. Me enfrentaré a todos esos cargos”, dijo a la prensa De Lima por la tarde en el Senado después de que el tribunal de Manila emitiera la orden de detención.
La senadora creía haber pactado con las autoridades su entrega voluntaria el viernes por la mañana, pero poco después, la televisión nacional mostró imágenes de la Policía dirigiéndose a su vivienda.
Ante esta situación, la opositora se refugió en el Senado y exhortó a la Policía a no detenerla en plena noche.
“Si respetan el Senado como institución, no deberían forzar la detención esta noche”, dijo a los periodistas. Tras un dramático tira y afloja, la Policía accedió a retrasar la detención a la mañana siguiente, según anunciaron el jefe de seguridad del Senado y los ayudantes de De Lima.
