Una serie de motivos que van desde el riesgo de fuga a la reiteración del delito, ya que llevan dos años preparando su plan para independizarse, así como el riesgo de destrucción de pruebas, fueron suficientes para que la juez Carmen Lamela emitiera la orden de prisión incondicional contra el destituido dirigente catalán Carles Puigdemont y sus colaboradores.
Según el procedimiento, la policía de Bélgica, donde se encuentran, deberá detenerlos para ponerlos a disposición de un juez belga en un plazo de 10 días.
Será el titular del juzgado belga el que dirima si deben ingresar en prisión hasta que resuelva la parte relativa a la extradición a España o si quedan en libertad hasta la resolución. Por su parte, Puigdemont aseguró ayer que no va a huir de la justicia, e indicó su intención de presentarse a las elecciones regionales del 21 de diciembre en Cataluña.
ARRESTO
Justo un día después de que el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y otros ocho exconsejeros del gobierno depuesto ingresaran en prisión, la juez Carmen Lamela cursó una orden europea de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros: Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).
Los cinco se encuentran en Bruselas, Bélgica, y no acudieron a declarar ayer ante el tribunal pese a estar citados como presuntos autores de los delitos de rebelión, sedición y malversación en la causa por el proceso independentista en Cataluña.
La instructora del caso que investiga los hechos relacionados con la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y la declaración de independencia de Cataluña tramitó en total 10 autos, 2 por cada exfuncionario del Gobierno catalán y, en paralelo, emitió una orden de búsqueda y captura para ellos. Para argumentar la petición de prisión incondicional contra Puigdemont y sus segundos, la juez Lamela enumera una serie de motivos que van desde el riesgo de fuga a la reiteración del delito, ya que llevan dos años preparando su plan para independizarse, así como el riesgo de destrucción de pruebas.
Según el procedimiento, la Policía belga deberá detenerles para ponerlos a disposición de un juez belga en un plazo de 10 días. Será el titular del juzgado belga el que dirima si deben ingresar en prisión hasta que resuelva la parte relativa a la extradición a España, o si por el contrario quedan en libertad hasta la resolución.
La parte técnica del derecho que se circunscribe a la entrega de imputados entre países de la Unión Europea curiosamente complica la situación. El primer problema es que para que un Estado miembro entregue a una persona reclamada por la justicia, el delito que se le imputa debe estar incluido en la lista de los 32 delitos que se entienden comunes. Ni la rebelión ni la sedición forman parte de esa lista.
Además, para que la entrega a las autoridades españolas sea efectiva el delito debe ser contemplado también en Bélgica.
En tanto, la Comisión Europea volvió a cerrar filas con el Gobierno español. “Respetamos el orden constitucional de España y no tengo nada que añadir a nuestra posición”, aseguró la portavoz comunitaria, Annika Breidthardt.
Ante este escenario, Puigdemont se resucitó a sí mismo como el aspirante electoral para la Generalitat. Durante una entrevista concedida a la televisión RTBF, también censuró la acción de la justicia española.