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IMPUTACIÓN

Ordenan detención de dos hombres por difusión de fotos

Ordenan detención de dos hombres por difusión de fotos
Ordenan detención de dos hombres por difusión de fotos

Dos jueces de garantías, en sendas audiencias, legalizaron la detención provisional de dos hombres por presuntamente difundir fotografías que ofendieron a la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell.

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Aprehendidos por difusión de fotos alteradas en caso de la procuradora enfrentan audiencias

Uno de los sospechosos es un hombre de 52 años de edad que, tras la audiencia de control de garantías, imputación y medidas cautelares, quedó bajo investigación por la presunta comisión de los delitos de lesiones personales psicológicas y apología del delito en perjuicio de la titular del Ministerio Público.

En este acto, el juez de garantías también legalizó tres diligencias de incautación de datos en equipos tecnológicos efectuadas por el Ministerio Público.

Las decisiones de este juzgado fueron tomadas ayer en las instalaciones del sistema penal acusatorio en Plaza Ágora, en la ciudad capital.

Mientras, otra juez de garantías en Chiriquí ordenó el pasado domingo la imputación de cargos y detención provisional del segundo sospechoso en el caso, un hombre de 34 años de edad.

La juez de garantías, Jacqueline Montenegro, que presidió la audiencia, basó su decisión de aplicar dicha medida cautelar en la posibilidad de que el sospechoso destruyera pruebas clave para el proceso.

El hombre, que reside en el distrito de David, fue acusado de la presunta comisión del delito de lesiones personales en perjuicio de la procuradora Porcell.

El sábado pasado, el secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez, informó que la detención de los sospechosos se logró tras el rastreo de las direcciones IP de las computadoras utilizadas para la difusión de las fotografías.

El funcionario explicó que se investiga los motivos por los cuales estos hombres eligieron a la procuradora Porcell para difundir estas fotos a través de las redes sociales.

Los investigados pueden enfrentar penas que oscilan entre cinco  y ocho años de prisión, de acuerdo con lo estipulado en el Código Penal.


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