La Fiscalía Sexta Anticorrupción ordenó la detención provisional del empresario Aaron Mizrachi –cuyo paradero es desconocido– y para ello solicitó a la Interpol la difusión de una alerta roja.
Asimismo, imputó cargos al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) Guillermo Sáez-Llorens, al exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) Eduardo Jaén, y a otras nueve personas.
Las acciones guardan relación con la investigación por presuntas anomalías en la compra e instalación de un programa de computación de SAP International en la CSS. Las diligencias de la indagatoria empiezan a partir de este viernes.
La Fiscalía Sexta Anticorrupción le formuló cargos y dispuso tomar declaración indagatoria de 12 personas, como parte de la investigación relacionada con el supuesto pago de sobornos y anomalías en la contratación e instalación –por parte de la Caja de Seguro Social (CSS)– de un programa de computadoras de la empresa SAP International.
Entre los señalados, el fiscal Aurelio Vásquez imputó cargos por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública al exdirector de la CSS Guillermo Sáez-Llorens y al antiguo director de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental (AIG) Eduardo Jaén.
Jaén fue citado para ser indagado mañana, viernes, mientras que Sáez-Llorens deberá comparecer el 15 de este mes.
La fiscalía también imputó cargos por los mismos delitos a Carlos Tasón y Alberto Maggiori Toledano, exjefe de Transformación e Innovación y antiguo encargado de la Dirección de Finanzas de la CSS, respectivamente.
Además, son investigados en calidad de imputados los exfuncionarios de la CSS Carlos García, Levis Arcia, Ely Brokamp, Alison García, Heraclio Bustamante, René Jethmal y Alexis González.
Asimismo, el fiscal Vásquez ordenó la detención provisional y pidió una alerta roja a Interpol con fines de capturar al empresario Aaron Ronny Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli.
Mizrachi salió de Panamá desde el 29 de julio de 2015 y su paradero es desconocido por las autoridades judiciales.
ORIGEN DEL CASO
El Ministerio Público abrió la investigación de este caso a mediados de agosto de 2015, cuando el exdirector de SAP Vicente García admitió ante un juez federal de Estados Unidos que pagó coimas a tres funcionarios del Gobierno panameño entre los años 2009 y 2013, a fin de garantizarse la adjudicación de millonarios contratos oficiales.
SAP obtuvo un contrato con la CSS para instalar un sistema de computación llamado “Zafiro”, valorado en $14.5 millones.
La fiscalía también ordenó una auditoría con respecto a posibles irregularidades en la instalación del programa en la CSS.
Según un reportaje de la agencia de noticias Reuters, el exdirectivo de SAP mencionó en diciembre pasado al expresidente Ricardo Martinelli y a su cuñado Mizrachi en la trama de corrupción.
Según la publicación de Reuters, García declaró que Mizrachi era “un portero que maniobraba su relación con el presidente Martinelli para obtener sobornos para él mismo”.
‘NO TENGO’
Al ser consultado sobre la decisión de la fiscalía de imputarlo en este proceso, el exdirector de la CSS Guillermo Sáez-Llorens expresó: “A mí no se me vincula en nada de las coimas por ningún lado (...) mi nombre no aparece en ningún documento que diga que Guillermo Sáez-Llorens participó en las coimas (...) nunca me mencionan, porque no hubo nada. De hecho, yo siempre he pedido que el Gobierno americano coopere con Panamá y que diga quiénes son las tres personas, porque sé que yo no soy (...) nunca he pedido nada de lo que ellos mencionan”.
Explicó que su presunta implicación en este caso, por el que le tomarán indagatoria, es por un informe de auditoría sobre la instalación del programa de computación en la CSS, el cual “yo desconocía y está totalmente amañado y no tiene ninguna objetividad sobre el producto (...) una cosa son las coimas y otra cosa esto de un informe [de auditoría]”.
Añadió que la auditoría señala que el software de SAP es inoperante, pero según unos auditores sí lo era cuando él salió de la CSS.
“Yo sé que no hice nada indebido y que el acto de licitación de la CSS fue un acto legítimo, [en el] que el precio de referencia fue un excelente precio (...) así que yo estoy dispuesto a cooperar en todo lo que me pidan”, sostuvo Sáez-Llorens.
Por su parte, Carlos Carrillo, abogado de Sáez-Llorens, dijo que su cliente “no tiene nada que ver con las acusaciones públicas que se han hecho contra terceros”.
Señaló que la CSS ha realizado una auditoría, de la que nunca se le notificó a Sáez-Llorens y que sus conclusiones no son sustentadas y algunas de ellas son falsas.
Este diario llamó a Eduardo Jaén, exdirector de la AIG, para obtener su versión, pero no respondió.
De igual modo, se llamó al abogado Silvio Guerra, defensor de Aaron Mizrachi, pero tampoco se obtuvo respuesta.
DILIGENCIA
El fiscal sexto Anticorrupción, Aurelio Vásquez, se reunió el mes pasado con un agente del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), en relación con la asistencia judicial que el Ministerio Público solicitó a ese país para conocer detalles de la declaración de García, exdirectivo de la multinacional SAP.
Según se pudo conocer, en esa reunión el fiscal obtuvo mayores detalles del caso y elementos que lo llevaron a imputar cargos, y ordenar la detención provisional de las personas presuntamente involucradas en los hechos que se investigan.