El Ministerio de Economía y Finanzas recomendó al Órgano Judicial un presupuesto de $171 millones para la vigencia fiscal de 2019.
Sin embargo, autoridades de esa entidad estiman que la cifra es insuficiente para hacerle frente a las necesidades apremiantes del sistema, como la puesta en marcha de la carrera judicial, entre otras.
Así lo manifestaron Nelly Cedeño de Paredes, del Tribunal Superior de Familia; Vielza Ríos, secretaria administrativa de la Corte Suprema de Justicia; y Mercedes De León, secretaria técnica de Recursos Humanos de la Corte, a la Comisión de Estado por la Justicia.
En la cita, Ríos comentó que en este momento tienen un déficit presupuestario de $17 millones, fondos que necesitan para sufragar las cuotas obrero-patronales de la Caja de Seguro Social, los alquileres, servicios básicos, servicios de transmisión de datos, entre otros gastos, por lo que les urge solicitar un crédito adicional antes de que se acabe el año 2018.
Por su lado, Mercedes De León comentó que el poco presupuesto del que disponen también ha afectado la puesta en marcha de la carrera judicial.
Los $171 millones con los que trabajarán en 2019 representan un incremento de $6 millones en relación con el presupuesto de 2018 ($165 millones).
La cita entre la delegación del Órgano Judicial y la comisión se concretó en las oficinas de la Procuraduría de la Administración, en Curundu.
Además del personal de la Corte, en la reunión participaron Mónica Castillo Arjona, secretaria general de la Procuraduría de la Administración; Miguel Rodríguez, secretario técnico de esa entidad, y miembros de la sociedad civil que conforman la comisión, entre otros.
A finales de julio pasado, el presidente interino de la Corte, Hernán De León, se quejó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional por el poco dinero con el que trabajan.
Abogó para que no se les recortara el presupuesto para el período fiscal del próximo año.
En ese momento aseguró que la sociedad reclama la puesta en marcha de la carrera judicial, establecida en la Ley 53 del año 2015.
“Vamos para 2019 y aún no se ha podido implementar”, agregó.