La Sala Tercera Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia condenó al Estado panameño al pago de una indemnización de 417 mil dólares a la funcionaria del Órgano Judicial Nora Inés Armién, a raíz de las lesiones físicas sufridas en un accidente de tránsito que se produjo por el mal funcionamiento de un vehículo en el que se transportaba, el 22 de noviembre de 2011, cuando realizaba una misión oficial.
En el fallo, bajo la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise y con fecha del 17 de marzo de 2017, se establece que el accidente en el que la funcionaria perdió parte de un brazo se produjo cuando el conductor del vehículo perdió el control por desperfectos mecánico producidos por la falta de mantenimiento.
En su decisión, el magistrado Cedalise señala que en pruebas realizadas al automóvil se pudo determinar que estuvo más de 17 meses sin recibir mantenimiento para su funcionamiento óptimo y que esto provocó el accidente en el que resultó lesionada la funcionaria.
Según el fallo se comprobó que la funcionaria sufrió un daño material que le impide ejercer con normalidad sus funciones y por dicha situación obliga al Órgano Judicial a repararlo.
En ese aspecto, el fallo plantea que la responsabilidad del Órgano Judicial surte de la culpa o negligencia en el mantenimiento a que debía someterse el vehículo que le fue asignado para realizar una misión oficial en la provincia de Colón.
También indica que está probado la existencia de un daño moral, producto del accidente, que le dejó secuelas sicológicas a raíz de no poder desempeñar sus actividades profesionales como lo hacía antes.
La demanda por daños y perjuicios presentada por Nora Inés Armién ascendía a la suma de 2 millones de dólares, pero la Sala Tercera estimó que los cálculos en este caso alcanzaban solo la cifra de 417 mil dólares.
La afectada laboraba como asistente administrativa en el Órgano Judicial y tenía 18 años de servicio.