El Estado nuevamente se enfrenta a un aumento en el tope del déficit fiscal. Esto implica abrir el compás para seguir generando gastos muy por encima de los ingresos.
La reforma a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal presentada en la Asamblea indicaba en su texto original, propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y aprobado en primer debate en la Asamblea Nacional, un aumento del déficit fiscal hasta un 3.9%.
Pero en el segundo debate de la ley se pasó el límite a 4.1%. Con este ajuste y tras la sanción de la norma, la administración de Juan Carlos Varela podrá gastar este año hasta $1,945 millones más de lo que ingrese; el equivalente al 4.1% del producto interno bruto (PIB).
El cambio se originó en la comisión de Economía y Finanzas, tras un acuerdo entre los diputados del Partido Revolucionario Democrático y el Partido Panameñista. De acuerdo con Gabriel Soto, presidente de la comisión, lo que buscan es generar más espacio para pagar obras públicas pactadas desde la administración del expresidente Ricardo Martinelli.
Una nación está en déficit cuando el dinero gastado en las operaciones del Gobierno y en inversiones es superior al que se ha recibido. En Panamá, los ingresos no han disminuido. El problema es que los ingresos recaudados por impuestos y otras vías no alcanzan para cubrir las obligaciones de pago que han sido comprometidas en el presupuesto.
El pasado mes de agosto, el ministro de Economía, Dulcidio De La Guardia, adelantó que al cierre del primer semestre del año el déficit fiscal ascendía a $1,510.5 millones. La cifra equivale a 3.2% del PIB proyectado para el cierre del año y supera el límite de déficit que tenía el Gobierno para todo el ejercicio fiscal, que era de 2.7% del PIB o unos $1,330 millones.
La herencia de Martinelli obliga a la administración de Varela a elevar el límite del déficit para solventar los compromisos financieros que se tienen al terminar el año.
El presidente Juan Carlos Varela sancionó cuatro leyes, incluyendo la que eleva el límite del déficit fiscal de 2.7% a 4.1% del producto interno bruto (PIB) y la que desmantela el llamado gobierno paralelo. Con la nueva Ley 25 del 28 de octubre de 2014 –publicada ayer en Gaceta Oficial– el Gobierno dispondría ahora de cerca de $1,945 millones más de lo que ingrese.
El mandatario también aprobó la ley que elimina el gobierno paralelo, consistente en los directores de entidades cuyos períodos fueron extendidos más allá de 2014 por el entonces presidente Ricardo Martinelli. También sancionó la ley que adopta el Código de Derecho Internacional y la que modifica normas que regulan el comercio marítimo.
Carlos Alberto Vargas