Sectores empresariales, organizaciones de la sociedad civil y sectores políticos advirtieron ayer que Panamá envió un mensaje incorrecto al país y al mundo, luego de que en la Asamblea Nacional se impuso la línea del Ejecutivo para no vetar en las contrataciones con el Estado a empresas condenadas por tribunales en el exterior por actos de corrupción, entre otros delitos .
Ayer, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 305, que modifica la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas, luego de que la noche del pasado jueves fue rechazada la propuesta impulsada por diputados de diversas bancadas para inhabilitar en los contratos con el Estado a las empresas condenadas en el exterior por diversos delitos (ver tabla).
Para el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Jorge García Icaza, en la coyuntura internacional que se vive y ante el clamor de la ciudadanía, “estamos enviando un mensaje incorrecto al país y a la comunidad internacional, al no incorporar conceptos relacionados con los delitos contra la administración pública, local e internacionalmente, en la modificación de la ley que regula la Contratación Pública”.
No obstante, el dirigente empresarial dijo estar convencido de que aún existe la oportunidad de reconsiderar el tema.
Por su parte, Horacio Icaza, del Movimiento Independiente (Movin), indicó que “no se ha mandado un mensaje al mundo de que realmente Panamá tiene cero tolerancia a la corrupción. Se ha dejado abierto de poder participar a cualquier empresa del mundo, esté o no esté condenada. Ese es un terrible mensaje que se da al mundo”.
Recordó que en una mesa técnica en la que participó la sociedad civil, sectores empresariales, representantes de entidades públicas y la Contraloría General de la República se consensuó el artículo 10 del proyecto, a fin de inhabilitar a empresas condenadas en el exterior. Sin embargo, precisó que la propuesta fue modificada en el Consejo de Gabinete y se acordó inhabilitar soloa empresas nacionales o extranjeras condenadas en la jurisdicción panameña.
En el primer debate que se dio al proyecto, Movin también hizo la propuesta de inhabilitar de las contrataciones con el Estado a las empresas condenadas en el extranjero por corrupción, pero tampoco prosperó.
“Tomando en cuenta lo débil y lo desprestigiado que está el sistema de justicia, es imposible que el panameño cifre sus esperanzas de que aquí se condene a corto plazo a una empresa que cometa este tipo de crímenes”, aseguró.
En un comunicado, Movin afirmó que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela y la Asamblea Nacional no han sabido anteponer los intereses primordiales de la patria, y “han defraudado las expectativas de transparencia de la población, perdiendo la oportunidad de impulsar una ley que satisfaga los requerimientos de un buen gobierno, entre otras cosas, no dando paso a inhabilitar empresas que han sido sancionadas por prácticas corruptas, aquí o en el extranjero”.
La agrupación hizo un llamado de atención al Gobierno para que retome el camino de las promesas de transparencia, para enfrentar de manera coherente los ataques a la reputación de las instituciones de nuestro país. “No podremos reclamar con autoridad moral ante el mundo, lo que no logramos reflejar en nuestras leyes”, resaltó la organización.
En tanto, Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, consideró que no era lo más saludable que se esperara hasta los últimos días de las sesiones ordinarias en la Asamblea para discutir una ley tan importante.
“Lo que se quería era enviar un mensaje a la ciudadanía y tranquilizar ese clamor ciudadano de tener una ley que blinde el sistema de contrataciones públicas o cierre esos espacios que han permitido que se cometan actos de corrupción”, reflexionó Gasnell.
Señaló que la propuesta de modificación al artículo 10 del proyecto 305, que fue negada, era fundamental en esta ley y ante esto no se está enviando un mensaje claro de que se quiere luchar contra la corrupción a través de la ley de contrataciones públicas.
DEBATE
Durante el tercer debate en el pleno legislativo, también se dieron opiniones encontradas a favor y en contra del proyecto 305.
La diputada independiente Ana Matilde Gómez, aunque resaltó que en el proyecto hay avances, como la eliminación de la licitación abreviada, la modificación de la licitación por mejor valor con evaluación separada, consideró que no se logró alcanzar con esta ley los altos estándares de contratación.
“Definitivamente vamos a pagar un costo político muy alto por no haberle cerrado el paso a la corrupción internacional”, advirtió la diputada.
Sostuvo que Panamá, que pretende ser un paraíso para atraer inversiones bien habidas, necesita mandar un mensaje contundente para que los consorcios que tienen negocios lícitos quieran venir al país, porque entienden que no privilegiamos la corrupción.
“Por qué hemos permitido que ese artículo de las inhabilitaciones no se apruebe. Bueno, definitivamente porque estamos (la Asamblea) sometidos todavía al Ejecutivo”, afirmó.
avalan cambios
Otros diputados opositores, entre ellos, el perredista Crispiano Adames (PRD) y Manuel Cohen, quien habló en nombre de la bancada de Cambio Democrático, avalaron la aprobación de este proyecto.
Adames afirmó que la iniciativa es un avance en comparación con la ley vigente. Indicó que, a su parecer, el proyecto sufrió transformaciones importantes que evitarán el lucro personal.
El diputado Cohen manifestó que el proyecto es conveniente para el país, ya que amplía el concepto de división de materia en las contrataciones; elimina las compras menores apremiantes; deroga la licitación abreviada; y, además, regula los límites a las adendas.
“No hay ley perfecta ni ley que pueda complacer a todas las personas a la vez”, afirmó Cohen.
OFICIALISMO DEFIENDE
Por su parte, el diputado panameñista José Luis Varela salió al paso a las críticas y calificó a la ley como un avance para el país. “Frustra cuando personas tratan de ver siempre lo malo en todo. En esta ley hay más cosas buenas que cosas malas”, aseguró.
Argumentó que de haber sido aprobada la redacción del artículo 10 propuesta por otros diputados, se hubiesen paralizado varias licitaciones, debido a las impugnaciones entre empresas que pudiesen acusarse de estar condenadas en el sistema judicial de otros países.
“Lo único que íbamos a hacer con eso era que las empresas millonarias que se benefician de contratos en el país, empezaran entre ellas a contratar abogados para estar impugnándose unas a las otras”, expresó.
Varela dijo estar de acuerdo con que se busque una redacción de consenso y que se haga en los primeros días de julio, cuando se inicia el próximo periodo legislativo.
“Lastimosamente, en esta Asamblea se aprueban las cosas por mayoría y no por dos, tres, cuatro o cinco votos. Esta es una tarea pendiente de la Asamblea Nacional”, destacó.
Varela resaltó los puntos positivos de la ley y enumeró, entre ellos, la eliminación de las compras como las hacía el extinto Programa de Ayuda Nacional con tres cotizaciones; la eliminación de la posibilidad de hacer adendas en proyectos por encima del 40% del valor de la licitación; y la derogación de la contratación abreviada y de la licitación apremiante.
La iniciativa requiere la sanción del Órgano Ejecutivo y la promulgación en la Gaceta Oficial para su implementación, a partir del 2 de enero de 2017.