Impulsar que la discriminación sea sancionada, tanto en el ámbito penal como civil y administrativo, ratificar el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales y fortalecer instituciones como la Defensoría del Pueblo y las que administran justicia, son los desafíos más importantes que ve en el panorama de Panamá la representante regional para América Central de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Carmen Rosa Villa.
UNA DE CAL
Aunque los rezagos y los retos de Panamá en esas materias son enormes, Villa reconoce que se ha avanzado en los últimos 24 años y destaca el papel de los diversos gobiernos por cumplir con sus responsabilidades en la ratificación de tratados internacionales y en la presentación del Examen Periódico Universal, que evalúa el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos de los 193 Estados miembros.
La alta delegada para los DDHH también aplaude la creación de la comisión creada para la implementación de las recomendaciones emanadas de los comités de la ONU, de los llamados procedimientos especiales [relatorías y grupos de trabajo de expertos] y del sistema regional [la Comisión y la Corte Interamericana]. Se trata de la Comisión Nacional Permanente creada mediante Decreto Ejecutivo 7 de 17 de enero de 2012, que está integrada por ocho ministerios, la Defensoría del Pueblo, la Corte Suprema y la Asamblea Nacional, y que entre sus funciones tiene: “Recomendar la adopción de las medidas que estime necesarias frente a situaciones que impliquen una amenaza de violación a los derechos fundamentales”.
También se encuentra en esta lista de acciones destacables, el hecho de que el Estado ha cursado invitación abierta a todos los relatores o grupos de trabajo para que visiten el país, habiéndose concretado dos: la relativa a los derechos de los afrodescendientes y la relacionada con los derechos de los pueblos indígenas.
UNA DE ARENA
Villa, quien conversó con este medio ante la celebración hoy, 10 de diciembre, del Día de los Derechos Humanos, remarcó la importancia de fortalecer la independencia e imparcialidad de la Defensoría del Pueblo para que cumpla a plenitud con su mandato constitucional de proteger los DDHH, algo para lo que también requeriría que sus opiniones tuvieran un carácter vinculante. Sobre todo, agrega la representante de la ONU, porque es un órgano que a través de sus recomendaciones o resoluciones debería promover que determinados conflictos se resuelvan de la manera más equitativa y ajustada al derecho.
“La Defensoría tiene que trabajar fuertemente para recuperar su credibilidad frente a la ciudadanía, y estoy hablando del ciudadano de a pie de la ciudad de Panamá pero también de los que viven en el interior de la República; y una manera de fortalecerla es acercarla a sus ciudadanos, crear espacios en los que la Defensoría sea una puerta abierta para sus ciudadanos y establezca un diálogo para reconocer cuáles son sus mayores preocupaciones... poder ejercer una verdadera protección de sus derechos y poder intervenir ante las autoridades para que esas situaciones se resuelvan con prontitud...”, apuntó.
En el fortalecimiento institucional, Villa ve un trabajo importante que desarrollar en el ámbito de la administración de justicia y la aplicación de los estándares internacionales en las decisiones judiciales. Y eso implica la formación de jueces, fiscales y de los diferentes operadores judiciales, para hacer efectivos estos derechos a través de sus decisiones. “La independencia judicial como un elemento fundamental del Estado de derecho es un desafío en el que hay todavía que trabajar, también para tener una agenda de desarrollo inclusiva que por lo menos combata las inequidades”, aseguró.
Hay un elemento adicional que destaca fuertemente en la agenda, como un reto: la seguridad ciudadana y el papel de la Policía Nacional. Y en este tema la ONU también demarca líneas de acción. La abogada peruana que lleva cinco años al frente de la Oficina Regional del Alto Comisionado, enfatizó que hay que profesionalizar a la policía, y eso significa mayor inversión en formación y medir su actuación.
No son solo necesarios cursos, sino integrar los DDHH en todos los contenidos del currículo y llevarlo a su ámbito de aplicación. Que se incluya el tema en el manual de operación y que el cumplimiento de esos indicadores se mida y los resultados sean tomados en cuenta, para los ascensos. Tras los sucesos de Changuinola, que en 2010 dejaron dos muertos y unos 800 heridos, la ONU hizo una propuesta para trabajar con la policía, que dos años después, no se ha aprobado.
¿Cómo puntúa Panamá en administración de justicia y libertad de expresión?
Es importante que se trabaje en el tema de la independencia judicial y eso implica el desarrollo de la carrera judicial, cómo se nominan las altas cortes, que accedan en todos los cargos personas que reúnen los requisitos de independencia e idoneidad. Sobre la libertad de expresión, creo que son temas que vale la pena discutirlos en amplios espacios donde participen los actores políticos, para hallar los desafíos.
¿Cuáles son los estándares de la ONU en independencia judicial?
Hay una serie de herramientas en las que se dice qué significa independencia, imparcialidad, qué significa poder Judicial autónomo y todas las recomendaciones están orientadas justo a la selección, capacitación y fortalecimiento de la administración de justicia imparcial. Todo está escrito y desarrollado.
Cecilia Fonseca S.