Panamá presentó ayer su informe sobre la libertad de prensa durante la 73ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos.
En primera instancia, se señaló la preocupación sobre el contenido del artículo 195 del Código Penal panameño, que tipifica la injuria y calumnia, cuando esta se cometa a través de medios de comunicación, aunque fue despenalizada cuando la “supuesta víctima” es un funcionario con mando y jurisdicción nacional.
El informe enfatiza que se han presentado casos recientes en que exfuncionarios han utilizado esa norma contra periodistas y directivos de medios.
Asimismo, se destacó que el Tribunal Electoral se encuentra en proceso de reglamentar las últimas reformas al Código Electoral, que regirá las elecciones generales de 2019.
En este proceso, según el informe, se han detectado varias disposiciones que podrían comprometer la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo, como prohibiciones a los medios de comunicación de emitir noticias, entrevistas, reportajes e investigaciones en las cuales puedan ser mencionados o intervenir candidatos y partidos políticos.
Sin embargo, se hace la salvedad de que el Tribunal Electoral ha mostrado apertura al diálogo con los medios y gremios periodísticos.
Entretanto, se denunció que en este semestre del año el Grupo Editorial El Siglo y La Estrella de Panamá (GESE ) continuó asediado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que designó en la denominada lista Clinton al principal accionista de los periódicos. Esto a pesar de que en reiteradas ocasiones las autoridades estadounidenses reconocieron que los periódicos no eran objeto de investigación.
El pasado 23 de octubre se anunció que el propietario cedió el 51% de las acciones del grupo editorial a una fundación y la OFAC suspendió las sanciones a GESE.
El informe también hace referencia a las denuncias de la Editora Panamá-América (Epasa), por lo que considera una campaña de intimidación por parte del Gobierno.
Actualmente, el Ministerio Público investiga transacciones relacionadas a la compra de Epasa en 2010, con supuestos fondos públicos.
El informe destaca que el pasado mes de julio, en su último mensaje desde la Asamblea Nacional, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, criticó a los medios de comunicación, señalando que el estado democrático del país ha avanzado más de lo que estos han dejado ver, “ya que solo publican los fracasos”.