La vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, defendió el “estricto compromiso de Panamá” con la transparencia fiscal durante una jornada institucional en la sede de los organismos de la Unión Europea (UE).
La agenda, que incluyó citas de primer nivel con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y con el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, responsable de la cartera de Servicios Financieros, buscó promover los avances del país en cooperación fiscal y prevenir una hipotética inclusión del país en la lista negra de paraísos fiscales que la UE publicará a finales de este año.
“Panamá no es un paraíso fiscal, por lo tanto, no hay razón alguna para que figure en esa lista. Confiamos en que los países serios harán su valoración con base en los elementos técnicos que han sido aprobados”, recalcó en conversación exclusiva con La Prensa.
Horas antes en un discurso dirigido a diputados de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y la Delegación para las Relaciones con los países de Centroamérica, de Saint Malo de Alvarado reconoció“el riesgo” que supondría para el país “no cumplir los compromisos internacionales”. “Sufrimos los embates de un escándalo internacional, pero no solo se refería a mi país; esto es un reto global”, subrayó.
¿Qué impresiones se lleva de la visita a las instituciones de la UE?
El mensaje de que Panamá está comprometido con la transparencia ha sido muy bien acogido. Es el reflejo lógico de los pasos contundentes que hemos dado en esa dirección. La UE reconoció los avances de Panamá en materia de transparencia fiscal y mira al país como un aliado estratégico con el que comparte los valores de democracia.
La UE publicará a finales de este año una lista negra de paraísos fiscales. ¿Tiene la certeza de que Panamá no figurará allí??
Estamos tan seguros que solicitamos al Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) una nueva revisión denominada fast track (vía rápida) para que confirmen los avances. Además, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) nos evaluará nuevamente este año y saldrán evidenciados los compromisos adquiridos.
¿Han avanzado los diálogos con Francia para que saque al país de la lista negra?
Un equipo técnico de Francia viajó a Panamá y fue atendido por el director general de Ingresos, Publio Cortés. La reunión sirvió para explorar distintos elementos que están sobre la mesa. Sin embargo, la salida de la lista debe avanzar mucho más rápido de lo que lo está haciendo.
El Gobierno advirtió de que se tomarían medidas retorsivas si continuaba esa decisión. ¿Han puesto una fecha límite?
La legislación que rige las medidas retorsivas no pone límites temporales. Es un tema de permanente evaluación en Panamá y se barajan todas las posibilidades. De momento, estamos dando espacio a la diplomacia para resolverlo. Lo que está claro es que se trata de una decisión política de Francia sin base técnica.
¿Cree que un cambio de gobierno en Francia podría diluir la decisión de incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales?
Definitivamente, el calendario electoral en Francia incide en la posición sobre Panamá. Habrá que esperar.
Panamá implementará en 2018 el Convenio de Intercambio de Información Automático firmado con la OCDE. ¿Qué cambiará a partir de entonces?
Ya hay cambios visibles. Panamá aprobó las legislaciones base para poder cumplir con la Convención Sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC, por sus siglas en inglés). La Ley 51 establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio automático de información fiscal, con el fin de proteger la plataforma de servicios logísticos y financieros del país. La Ley 52 obliga a las sociedades panameñas con negocios internacionales a mantener registros contables en el territorio panameño.
El primer intercambio automático de información fiscal será con Estados Unidos en septiembre, a través del acuerdo intergubernamental entre ambos países en aplicación de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (Fatca, por sus siglas en inglés).
Aunque la MAC entre en vigor en 2018, la estructura institucional debe estar lista ya este año.
¿La lucha contra la evasión puede tener consecuencias en la inversión directa extranjera?
Panamá tiene la responsabilidad de colaborar con otros países para que sus ciudadanos no utilicen nuestro territorio para evadir impuestos y, en este sentido, adoptó el compromiso fiscal de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) que busca prevenir la elusión fiscal de las empresas multinacionales.
Pero si una empresa determina que le conviene establecer operaciones en un segundo país, bien porque ese territorio cuenta con recursos naturales que le interesan o con una mano de obra cualificada o de menor coste, o bien porque establece algún incentivo fiscal, esto no significa que sea un territorio que facilite la evasión fiscal. Si Panamá aplica incentivos fiscales para la atracción de conocimiento y el establecimiento de empresas que van a ayudar al desarrollo del país, esto no puede ser castigado. Si se ponen trabas a esto, se desincentiva que el capital extranjero vaya a países en vías de desarrollo.