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TRANSPARENCIA FISCAL

Panamá firma acuerdos para salir de listas negras

Panamá firma acuerdos para salir de listas negras
Panamá firma acuerdos para salir de listas negras

Panamá se adhirió al Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes, un marco legal promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se basa en la cooperación entre administraciones tributarias para combatir el fraude y la evasión fiscal. El intercambio de información se hará efectivo dentro de nueve meses.

Mientras, fuentes de la Comisión Europea confirmaron que la unión habría decidido excluir a Panamá del registro de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal, una “lista negra” en la que terminó el país a fines de 2017. La desincorporación de Panamá obedecería a la firma de un compromiso para abordar las deficiencias señaladas por el bloque.

PANAMÁ AFIANZA SU COMPROMISO ANTE LA OCDE

Panamá dio un paso más en la implementación de mecanismos que preserven la integridad de sus sistemas fiscales, al adherirse al Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes (MCAA, por sus siglas en inglés), que compromete al país a intercambiar información tributaria.

Se trata de un marco legal promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se basa en la cooperación entre administraciones tributarias para combatir el fraude y la evasión fiscal. Este esquema actualizará, a partir de septiembre, la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Temas Fiscales de 1988, firmada por Panamá en octubre de 2016 y mediante Ley 5 de 2017, que rige actualmente el intercambio de información fiscal bajo previo requerimiento.

En la práctica, significa que dentro de nueve meses se comenzarán a compartir los contenidos de interés fiscal, según la norma común sobre comunicación de información elaborada por la OCDE y el G20 en 2014, pero solo con aquellos países con los que Panamá haya suscrito previamente un acuerdo bilateral. Lo que cambiará entonces es que no será necesario que los países socios hagan un requerimiento específico.

El nuevo dispositivo regulará las obligaciones de comunicación y diligencia debida de las instituciones financieras (bancos, casas de valores, fondos de inversión, aseguradoras, etc.). Además de recopilar en un informe anual la información relevante, estos entes estarán obligados a hacer un intercambio automático de información a través de las autoridades competentes de sus respectivos países. La Dirección General de Ingresos (DGI), en el caso de Panamá.

Si bien el compromiso entre los signatarios es multilateral, la puesta en marcha del intercambio de información está sujeta a un acuerdo bilateral previo, firmado entre dos países suscriptores del MCAA, una vez hayan sido satisfechas las condiciones necesarias para la firma del acuerdo bilateral intergubernamental. Estas condiciones contemplan medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad y el respeto a los estándares para la protección de datos.

El director de la DGI, Publio Cortés, representó a Panamá en la firma del MCAA, que tuvo lugar ayer en la sede de la OCDE en París, ante el subsecretario general del organismo, Masamichi Kono.

“Lo importante ahora es seleccionar las jurisdicciones con las que realizará el intercambio automático. Panamá se va a pensar muy bien con qué países va a intercambiar información. A ellos se les exigirá que se respeten los estándares de seguridad y la protección de datos”, afirmó Cortés.

¿Qué cambios en cuanto a estructuras, tecnología y capacitación de personal deberá hacer frente el país para estar a la altura?

Las instituciones financieras de Panamá llevan meses preparándose para esto. No habrá que hacer grandes cambios. A nivel tecnológico, deberá actualizarse un software que ya está en uso desde la aplicación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero, y cuyo objetivo es identificar y obtener información sobre los ciudadanos y residentes estadounidenses fuera de su territorio. El sistema no solo ayudará a la lucha contra la evasión fiscal, sino que también se pondrá en marcha un sistema que mejorará el cobro de impuestos.

¿Cómo garantizará el Estado panameño que sus instituciones apliquen las correctas normas de comunicación de información y diligencia debida?

Esto es ya una obligación dictada por la ley para los entes financieros. La Ley 51, que entró en vigor en octubre de 2016, establece el marco regulatorio del Estándar Común de Reporte para la implementación del intercambio de información en fines fiscales elaborado por la OCDE. Ellas son las más interesadas en que el sistema financiero esté libre de prácticas perniciosas.

¿Cómo puede afectar esta nueva normativa a la economía panameña?

Será favorable. El cumplimiento del estándar internacional de transparencia es un requisito para que se vea al país como una plaza segura para recibir inversiones.

Y en este sentido, ¿cómo cree que podrían reaccionar los clientes al saber que su información financiera puede ser objeto de intercambio con el país de su residencia fiscal?

Todos los países serios lo aplican. Panamá está en contra de que se usen los sistemas financieros para actividades opacas e ilícitas. Por eso está en primera línea para cumplir con el objetivo de transparencia fiscal.

¿Es la aplicación de este acuerdo la causa de que la UE se esté planteando sacar a Panamá de la lista de paraísos fiscales?

No tiene relación alguna. Se trata de otro foro internacional distinto y es la Cancillería la que está manejando el tema.

La exclusión de la lista de la UE, 50 días después

La Unión Europea (UE) cerró el año con una lista  de paraísos fiscales que incluía a Panamá, al considerar que tenía un régimen preferencial tributario nocivo. Las negociaciones entre los ministros de Economía y Finanzas de los 28 países miembros, más centradas en los argumentos políticos que en los técnicos, se extendieron durante dos años. Pero han bastado 50 días para que se ponga en duda su legitimidad.

Según confirmaron fuentes de la Comisión Europea a este periódico, el bloque  habría decidido  excluir  a Panamá del  registro de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal.

La  reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, conocido como Ecofin, está fijada para el  23 de enero, según la agenda del Consejo de Europa. Será entonces cuando los ministros del bloque europeo anunciarán la decisión.

“La decisión será oficializada sin ninguna discusión, ya que el debate entre los ministros fue necesario en diciembre, cuando la lista se publicó por primera vez, pero esta modificación de la lista no requiere más discusión, porque ya existe un consenso entre los Estados miembros”, explican desde el organismo con base en Bruselas.

La UE había establecido un riguroso procedimiento para desclasificar a un país, que implicaba una  revisión de tres entes distintos. Esto finalmente no será adoptado.

El repentino cambio en su hoja de ruta, que no estaba en la agenda hace tan solo unas semanas, tendría relación con un compromiso “firmado en un alto nivel político” por Panamá “para abordar los problemas identificados por el Consejo en sus conclusiones del pasado 5 de diciembre”.

“Ese compromiso ha sido evaluado...  Los Estados miembros de la UE consideran justificado eliminar a Panamá de la lista”, remarcaron.

La existencia de regímenes fiscales perjudiciales, criterio por el que Panamá fue clasificado como jurisdicción no cooperativa, es  una de las tres condiciones que la UE consideró  para elaborar la lista. Las otras dos, que Panamá superó, son  la transparencia fiscal garantizada por la firma de convenios de la OCDE y la promoción de estructuras offshore y  participar en el proceso anti-BEPS de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.

La Cancillería panameña informó ayer lunes que desde el anuncio de la inclusión en  la lista en diciembre pasado, el Gobierno puso  en marcha esfuerzos técnicos, diplomáticos y políticos para dar suficiente claridad al  organismo europeo sobre el régimen panameño de call centers, cuya falta de claridad generó erróneamente la inclusión de Panamá en la lista.

Consultada sobre si Panamá se comprometió con la UE a revisar el régimen de call centers, la Cancillería contestó que “en efecto, Panamá trabajará de la mano de la industria para revisar el régimen”.


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