La República de Panamá perdió definitivamente ayer, viernes, la oportunidad de constituirse como parte civil en el juicio por corrupción internacional de Finmeccanica y quedará al margen del proceso sin poder examinar el sumario, asistir a las audiencias, interrogar a testigos e imputados, acreditar con pruebas el daño y perjuicio sufridos, o percibir una posible indemnización del coloso semipúblico italiano.
Ayer, la presidenta del colegio de jueces de la segunda sección del Tribunal de Roma, Adele Rando, constató con resignación que en la sala 6 del palacio B no había algún abogado con poderes legales para representar al Ejecutivo panameño y declaró abierto el juicio. Sí estaban presentes los abogados que el gobierno saliente de Panamá designó en 2012; no se sabe si todavía tienen a Panamá como cliente.
El grupo industrial Finmeccanica, que había anunciado su interés en ser responsable civil y lavar así su imagen, tampoco designó un representante legal.
El juicio validó oficialmente la toma de posición de los abogados de los imputados Valter Lavítola, principal intermediario entre el Gobierno de Panamá y Finmeccanica, y Paolo Pozzessere, ex director comercial del coloso de tecnología aeroespacial y de defensa italiano, así como del fiscal Paolo Ielo.
A solo tres días de que se produzca el relevo de poderes en la Presidencia de Panamá, la deliberada ausencia de decisión política del presidente saliente, Ricardo Martinelli, y la falta de competencia legal del presidente electo, Juan Carlos Varela, han sumido a Panamá en un irreversible bloqueo legal.
El fiscal Ielo depositó en la sede judicial, como pruebas de la acusación, interceptaciones telefónicas y verbales que forman parte del sumario judicial de investigación y se ha reservado el derecho de agregar nuevos elementos probatorios, conforme avance el proceso penal.
Los abogados Gennaro Fredella y Paolo Dell´Anno manifestaron que querían usar los testimonios verbales de sus clientes Lavítola y Pozzessere –dúo que supuestamente ideó la consumación del desvío de coimas cuyo principal destinatario era Martinelli, según la acusación– en la venta al Gobierno de Panamá de radares, helicópteros y mapa digital por $250 millones.
Martinelli y Rogelio Oruña han sido llamados a comparecer a la sede judicial del Tribunal de Nápoles, como testigos de la defensa de Lavitola, además del ex primer ministro Silvio Berlusconi, el exministro de Exteriores Franco Frattini y el embajador de Italia en Panamá, Giancarlo Curcio.
Como sucedió en el juicio por extorsión a Impregilo, la fiscalía habría descartado estratégicamente incluir a Martinelli y Oruña en su lista de testigos al temer dilaciones en sus comparecencias, que podrían llevar el proceso a un punto de no retorno.
La juez Rando dictó el calendario de audiencias. El próximo 16 de septiembre un perito judicial transcribirá las interceptaciones telefónicas que figuran en el sumario, a instancias del tribunal, una costumbre técnica de rutina judicial. Para escuchar a los testigos habrá que esperar al 20 de noviembre, cuando declaren dos agentes del departamento investigativo de operaciones especiales y el vicecomandante titular de la investigación, Giuseppe Schiattarella.
Los magistrados examinarán la red de intereses y sobornos que presuntamente rodeó los contratos de venta de equipos y servicios entres las filiales de Finmeccanica, Selex, Telespazio y AgustaWestland y funcionarios del Gobierno de Panamá en 2010, y deberá determinar en las próximas audiencias quién se quedó con los $25 millones de coima que debía pagarse a Agafia Corp., y que –según reconoció la propia Finmeccanica– nunca se liquidó. En el supuesto de que estuvieran en la caja de la empresa italiana, el tribunal resolverá si es o no una apropiación ilegítima o si debe devolverse a las arcas del Estado panameño.