A partir de 2010 se penaliza en Panamá el delito de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral. Desde ese año hasta la fecha se han rescatado a 300 víctimas que eran explotadas por grupos criminales que se dedican a a este ilícito.
Así lo informó el fiscal primero contra la Delincuencia Organizada, David Mendoza, quien reconoce que la cantidad de personas rescatadas se debe a que el territorio nacional es considerado como un atractivo potencial para los grupos delincuenciales.
Mendoza manifestó que Panamá es un país de destino para el tema de trata debido a que su situación económica resulta atractiva para estas organizaciones.
Indicó que además del crecimiento económico y la estabilidad política es un atractivo para estos grupos delictivos. A esto hay que agregar las facilidades turísticas y la condición de país de tránsito que tiene el istmo.
Estructura
Como toda organización de tráfico de armas, drogas, secuestros, asaltos a bancos, los grupos de trata de personas -de igual forma- dividen los roles de los participantes.
El fiscal Mendoza señala que estas organizaciones se estructuran y reparten los roles entre sus miembros para obtener su objetivo final, que es el de obtener ganancias económicas a través de la explotación sexual o laboral de seres humanos.
Dentro de los grupos hay personas que se dedican a la captación de las posibles víctimas; existe un integrante que da el financiamiento para el traslado hacia un país destino de ese captador de personas.
Además, está el personal encargado del transporte y traslado de la víctima, la persona que facilita los inmuebles o residencia para desarrollar la explotación sexual o laboral.
Captación
Los grupos de trata de personas estudian la manera como pueden obtener sus posibles víctimas. No necesariamente tiene que ser una entrevista como cualquier empleo. El “captador” busca un perfil de vulnerabilidad de las víctimas basado principalmente en la situación de pobreza de su entorno.
Por tal motivo, agregó el fiscal que para estos días los grupos criminales buscan a sus víctimas en países como Venezuela y Colombia, República Dominicana y Nicaragua, que tienen dificultades económicas o políticas.
“Panamá entra en el juego, ya que es un país de destino donde ellos puedan desarrollar sus actividades con la finalidad de obtener recursos tanto para ellos como para sus familiares”, explicó Mendoza.
Otro de los factores que pasa con mucha frecuencia es que el captador, con la finalidad de lograr un rápido beneficio económico, recurre a las amenazas o agresiones físicas de la víctima.
Explica el fiscal que esto sucede porque algunas víctimas tienen bajo nivel de educación, les quitan su pasaporte y evidentemente esto las pone en una situación de desventaja. Destaca que los criminales se aprovechan de esta situación y mantienen a las víctimas bajo su poder.
El fiscal informó que las personas cuando llegan con engaños, una vez pisan el territorio nacional, la organización criminal toma control de ellas sometiéndolas a la explotación sexual o laboral.
Ganancias y sanciones
Los grupos criminales mueven millones de dólares en ganancias por la trata de personas en el mundo. En Panamá es difícil precisar cuánto ganan porque depende del lugar y actividad que desarrollen.
Por ejemplo, las personas rescatadas han declarado que obtienen por cada encuentro sexual entre $60 y $150, lo cual no significa que todo ese sinero sea suyo, porque lo tienen que compartir con sus tratantes. Y muchas veces, según las autoridades, son obligadas a tener hasta 10 actos sexuales por día.
Las condenas por este delito van de 20 a 30 años de prisión dependiendo de los agravantes, como edad, grado de vulnerabilidad, inclusión de actos de exhibicionismo, retención de documentos, coacción, fraude, amenaza o violencia.
El fiscal apunta que cada vez más la sociedad coopera haciendo denuncias anónimas contra los grupos criminales dedicados a la trata.
En Panamá se han desmantelado en los últimos tres años unas 15 redes de explotación sexual.
Recientemente, en Darién fueron rescatadas 18 mujeres que eran explotadas sexualmente. Además, en marzo pasado un grupo de víctimas de explotación laboral denunció a dos fiscales de la región de Azuero, que les instruyeron un sumario por supuesta extorsión, y en la investigación se determinó que familiares de las funcionarias mantenían contactos con la empresa que explotaba laboralmente a las víctimas.
Finalmente, el Ministerio Público destituyó a las dos fiscales.