El Juzgado Decimoquinto Penal fijó para febrero, abril y julio de 2018 las audiencias de las investigaciones por presuntas anomalías en la compra de llantas y mochilas escolares, y en el alquiler de helicópteros, a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), respectivamente.
Además, en junio efectuará la audiencia del proceso por el supuesto uso de recursos del Estado en las elecciones de 2014 por parte del entonces candidato a diputado de Cambio Democrático Eriberto Yunito Vega.
De acuerdo con un comunicado divulgado ayer por el Órgano Judicial, el 28 de febrero se celebrará la audiencia del caso seguido por la compra de llantas, en el que hay cinco personas imputadas. Si dicho acto fuese suspendido por alguna razón, la fecha alterna será el 8 de marzo.
En tanto, el 17 de abril se celebrará la audiencia de fondo del proceso por supuestas irregularidades en la compra de mochilas para escuelas públicas, caso en el que 18 personas fueron llamadas a juicio.
Mientras, para el 4 de junio fue programada la audiencia del caso de Yunito Vega, en el que hay otros tres involucrados. La fecha alterna será el 27 de junio.
Finalmente, el 4 de julio se efectuará la audiencia del proceso relacionado con el alquiler de helicópteros, en el que el Ministerio Público pidió enjuiciar a 25 personas. La fecha alterna de la audiencia es el 6 de agosto.
En estos casos es señalado el exjefe del PAN Rafael Guardia Jaén, quien pactó un acuerdo de pena con el Ministerio Público (MP).
Sin embargo, dicho acuerdo –que lo exime de cargos en estos 4 y otros 11 procesos– fue apelado por el Ministerio Público y la decisión está pendiente en el Segundo Tribunal Superior.
El Ministerio Público apeló la decisión del juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, de devolverle bienes y cuentas bancarias a Guardia Jaén, a las que, empero, el exfuncionario renunció días después de ese controvertido fallo.
Las vistas fiscales de estos cuatro procesos fueron remitidas al Órgano Judicial durante el año 2016, pero las audiencias no habían sido programadas debido a recursos interpuestos por los abogados defensores de los imputados.
Los periodistas podrán ingresar a todas las audiencias programadas, aunque sin celulares, cámaras fotográficas ni grabadoras.