En la última semana, las pesquisas llevadas a cabo por la fiscal primera superior Tania Sterling han causado una conmoción en la opinión pública, llegando a provocar acusaciones de ser una persecución política de un delito que no tiene fundamento.
Así, se ha afirmado que la Caja de Ahorros no sufrió daño alguno por el préstamo otorgado en el gobierno pasado al consorcio responsable de la construcción del centro de convenciones de Amador.
Si el banco estatal recibió presuntamente el pago completo de capital más intereses por el crédito otorgado, se ha insistido que esto eliminaría cualquier calificación del asunto como un delito.
Por otra parte, la condición del banco que realiza actividades comerciales en el mercado panameño, las que son reguladas por la Superintendencia de Bancos de Panamá, eximiría, según los críticos, a la Caja de Ahorros de las normativas penales que castigan los fraudes y malversaciones de fondos públicos.
Un análisis acerca del alcance del delito de peculado según lo establecido por la legislación panameña, y su aplicación según la tradición legal iberoamericana, destaca que el delito de peculado no requiere que el Estado haya sufrido un daño o una pérdida en su patrimonio.
Según este análisis doctrinal y de derecho comparado, solo basta la conducta de los servidores públicos y no el resultado para tipificar una malversación de los caudales del Estado.