El fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, faltó al Código de Ética de los servidores públicos al presentar una denuncia por la publicación, el 3 de abril, de una información en el periódico Mi Diario que revelaba datos de sus hijos y familia.
Así lo manifestó Abilio Batista, abogado de la periodista de Mi Diario Sonia Navarro, autora de la información denunciada, quien ayer presentó pruebas ante la Procuraduría General de la Nación, donde se tramita la acción penal.
De acuerdo con el escrito de Batista, Peñaloza debió ser tolerante y no faltar al artículo 32 del Código de Ética que indica: “El servidor público debe observar frente a las críticas del público y de la prensa, un grado de tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de un ciudadano común”.
Es un derecho fundamental de la ciudadanía el contar con una buena administración pública, en la cual se tenga confianza por su transparencia, eficiencia, eficacia y proceder ético de los que se desempeñan en las distintas instituciones que la integran, destaca la acción.
También hace referencia a la Ley 6 del 22 de enero de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, según la cual la administración pública tiene el deber de exponer y someter al escrutinio de la ciudadanía la información relativa a su gestión, el manejo de los recursos, los criterios que sustentan sus decisiones y la conducta de los servidores públicos.
Batista aportó copia de la denuncia presentada por el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, por el delito contra la seguridad colectiva, sobre el uso irregular de la base de datos de esa institución por parte del partido gobernante Cambio Democrático.
El abogado solicitó a la Procuraduría General de la Nación, que oficie a la Contraloría General de República si familiares de Peñaloza aparecen en planilla estatal, y qué cargos ocupan.